Salud-La Salle
La asociación El Perenquén exige un uso social para el inmueble de Diego Crosa, en Santa Cruz de Tenerife
La entidad vecinal denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz prioriza un proyecto de empresas digitales de 1,4 millones de euros frente al aumento del sinhogarismo en la capital
Inmueble de la calle Diego Crosa. / Andrés Gutiérrez
La asociación vecinal Urban Centro El Perenquén reitera su solicitud al Ayuntamiento de Santa Cruz y al Gobierno canario para que den una respuesta «coordinada y urgente» ante el aumento del sinhogarismo en la capital, defendiendo que el edificio público Diego Crosa debe destinarse a un uso social y no a un hub digital privado, como plantea el Consistorio.
La presidenta del colectivo, Silvia Barrera, considera incompatible impulsar una inversión orientada a empresas de animación digital y videojuegos, valorada en 1,4 millones de euros, mientras aumentan las personas que viven en la calle o en condiciones precarias.
El Perenquén sostiene además que las administraciones mantienen un incumplimiento prolongado de la Ley 5/1998 del Parlamento de Canarias, que autorizó la cesión de dos inmuebles municipales en la calle San Vicente Ferrer para crear un centro de acogida y reinserción social. Tres décadas después, esos espacios no han sido destinados al fin previsto, por lo que reclaman que se ejecute su uso social o se active la reversión a la Comunidad Autónoma.
Personas en exclusión residencial
La entidad recuerda los últimos datos de Cáritas Diocesana, que cifran en 2.838 las personas en exclusión residencial extrema en Tenerife, el registro más alto de los últimos años, con Santa Cruz concentrando más de un tercio de los casos. Para el colectivo, estas cifras reflejan un problema estructural vinculado al acceso a la vivienda y a la falta de políticas públicas sostenidas.
La asociación insiste en evitar confrontaciones entre barrios, tras la postura del colectivo vecinal La Arboleda que pide decir en su barrio y no que otros lo hagan por ellos. Silvia Barrera subraya que la responsabilidad de planificar recursos y ubicaciones corresponde exclusivamente a las administraciones, a la vez que exige medidas concretas, plazos definidos y financiación para atender la actuación social.
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