Santa Cruz de Tenerife amplía en un mes el plazo de información pública del nuevo Catálogo de Protección de Bienes

Los chicharreros tendrán más tiempo para consultar y presentar alegaciones al nuevo Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha decidido ampliar en un mes el plazo de información pública del documento. La edil responsable del área, Zaida González, del PP, explica que tan solo se han presentado cinco alegaciones y en una de ellas se solicita, precisamente, "más tiempo" para analizar el catálogo.

La Junta de Gobierno del Consistorio aprobó el nuevo documento de manera inicial el pasado 3 de febrero, acordando también someterlo a un periodo de exposición pública durante un mes. El plazo empezó a computar el 25 de febrero, una vez que se publicó el anuncio en los boletines oficiales correspondientes, por lo que éste expira el 24 de marzo. Sin embargo, ahora, con esta ampliación, los vecinos, empresas y administraciones públicas podrán consultar el documento y presentar alegaciones al mismo, si no están de acuerdo con algo, hasta el 24 de abril.

El catálogo puede consultarse en las páginas web municipales https://www.urbanismosantacruz.es/es y https://www.santacruzdetenerife.es. Durante este periodo de información pública, ahora ampliado, los afectados tienen la oportunidad de presentar las alegaciones y sugerencias que consideren. Podrán hacerlo, de forma presencial o electrónicamente, en el registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el número 40 de la avenida Tres de Mayo. En caso de presentación presencial, el horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas.

Este nuevo Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales recoge un total de 787 bienes arquitectónicos de titularidad pública o privada, 674 más que los incluidos en el catálogo vigente del Plan General de Ordenación (PGO) de 2005 y 518 bienes más que los contemplados en el documento del PGO de 2013, actualmente anulado. Entre dichos bienes se encuentran el Hospital San Juan de Dios, el Cine Víctor, el Hotel Contemporáneo, la Casa Cuna, la sede del Instituto Tecnológico de Canarias (antigua Litografía Romero), el Mercado de la Abejera, el Molino del Gofio de La Salud, el Almacén de Cepsa, el Cine Teatro Baudet, el Colegio Oficial de Médicos, y el Colegio Isabel La Católica, además de numerosas viviendas particulares.

Asimismo, se protegen elementos urbanos; esculturas; elementos del patrimonio arqueológico, etnográfico y paleontológico; y arboledas, entre otros aspectos.

Con la aprobación inicial del documento y la publicación en los boletines oficiales, queda suspendido el otorgamiento de licencias para parcelación de terrenos, obras de edificación y demolición en todos los bienes incluidos en el catálogo, a excepción de aquellas destinadas a conservación y mantenimiento. Esta medida se extinguirá con la aprobación definitiva del documento y, en todo caso, por el transcurso del plazo de dos años.

Por la importancia y relevancia de este catálogo para Santa Cruz de Tenerife, la Gerencia Municipal de Urbanismo considera que se ha presentado un número insignificante de alegaciones hasta el momento, sólo cinco, cuando está a punto de finalizar el plazo de exposición pública. De ahí, que se haya decidido la ampliación del mismo, insiste la edil responsable del área.

"Una prueba de la amplitud y extensión de este documento es que, mientras que el catálogo vigente tiene en total 113 elementos catalogados, el catálogo aprobado inicialmente cataloga 989 elementos en el bloque del patrimonio arquitectónico y urbano, de los que 787 son elementos arquitectónicos. Esto supone un incremento muy significativo respecto a la situación actual, es decir: se están catalogando numerosos inmuebles que actualmente carecen de protección", se explica en la resolución de Urbanismo sobre la ampliación del plazo de exposición pública.

En este sentido, se indica en la resolución, firmada por Zaida González, se considera que el plazo de información pública de un mes es escaso a efectos de la presentación de alegaciones y/o sugerencias, máxime si se tiene en cuenta que la complejidad de la materia puede hacer necesario contar con asesoramiento técnico-jurídico especializado.

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