Santa Cruz llevará al Cabildo ante la Justicia por no asumir la depuradora

El Ayuntamiento de Santa Cruz cumplirá su amenaza de llevar al Cabildo ante los tribunales por no asumir ya la gestión de la depuradora de aguas residuales (EDAR) situada en la capital, en el barrio de Buenos Aires, la cual presta servicio también a los municipios de La Laguna y El Rosario. Tras cumplirse el plazo de 60 días que el Consistorio chicharrero le dio al Consejo Insular de Aguas en noviembre de 2025, la Concejalía de Servicios Públicos prepara la interposición de un recurso contencioso administrativo. Así lo afirma el edil responsable del área, Carlos Tarife, del PP, quien indica que ya se le ha solicitado a la Asesoría Jurídica municipal que inicie los trámites.

El pasado 24 de noviembre, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó un informe propuesta elaborado por el área de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos con el que se le daba al Cabildo un plazo de dos meses para que asumiera la gestión de la depuradora. Este informe establecía que si no lo hacía dentro de dicho periodo, entonces este asunto acabaría en la Justicia. El Consistorio recordaba entonces que ya le había pedido formalmente al Consejo Insular de Aguas que se encargara de esta instalación hasta en tres ocasiones, en los años 2020, 2022 y 2024.

El también primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, manifestó en ese momento que el Ayuntamiento de Santa Cruz no estaba dispuesto a esperar más y que aquella era la última vez que le requería al Cabildo que asumiera la gestión de la depuradora. Le exigió que declarara de interés supramunicipal el sistema de depuración y vertido de aguas residuales de la estación de Buenos Aires.

El Consejo Insular de Aguas quiere esperar a que finalicen la obra de ampliación que ejecuta el Gobierno central

Los 60 días han pasado y la respuesta que ha dado el Cabildo no le ha gustado al Consistorio chicharrero. La Corporación insular sí está dispuesta a encargarse de esta instalación pero cuando finalicen las obras de ampliación que ejecuta actualmente el Gobierno central. «El Consejo Insular de Aguas no nos puede decir que gestionará la depuradora una vez que acaban estos trabajos, porque, por ejemplo, con la desaladora de agua de mar no mantiene el mismo argumento. Para asumir la desaladora de Cueva Bermeja, con la que se abastece de agua potable a gran parte de la ciudad, ya nos han presentado una propuesta de gestión y un borrador de convenio sin que se hayan ejecutado las obras previstas de ampliación para que el agua llegue a La Laguna».

Carlos Tarife insiste en que la respuesta dada por el Cabildo con respecto a la gestión de la depuradora de aguas residuales no satisface al Ayuntamiento capitalino y, por ello, interpondrá un recurso contencioso administrativo contra el Consejo Insular de Aguas ante los tribunales, tal y como lo advirtió en el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno en noviembre.

«Esa respuesta no genera una inmediatez a la hora de gestionar una depuradora que, claramente, tiene un carácter comarcal, pues el 54% de las aguas negras provienen de los municipios de La Laguna y El Rosario. Ya se ha pedido a los Servicios Jurídicos que planteen el recurso judicial. En lo que preparamos el recurso y lo presentamos, el Cabildo todavía puede rectificar su posición y asumir la gestión de la estación. Confiamos en que sea así», asevera el primer teniente de alcalde.

Tarife recuerda que la estación trata las aguas residuales de los municipios de Santa Cruz, La Laguna y El Rosario

Lo que está claro, agrega Tarife, es que el municipio de Santa Cruz de Tenerife no tiene por qué seguir gestionando, «en una situación anómala», una instalación que es comarcal, que atiende a tres municipios. «El Consejo Insular de Aguas tiene que hacernos caso. Ya en noviembre el Consistorio chicharrero aprobó un acuerdo con el que le dábamos 60 días para encargarse de una depuradora de la que debe responsabilizarse».

La EDAR se diseñó con una capacidad hidráulica de 90.000 metros cúbicos al día y con una carga contaminante equivalente a una población de entre 300.000 y 375.000 habitantes. Actualmente, se encuentre al límite de su capacidad y, por ello, el Estado está ejecutando su ampliación.

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