Santa Cruz abre una consulta pública para la nueva Ordenanza de Tráfico

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto una consulta pública para elaborar la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como Ordenanza de Tráfico. Ésta sustituirá a la norma vigente, un documento aprobado hace más de 40 años y que nada tiene que ver con la realidad actual. Y es que hasta ahora el Consistorio chicharrero ha fracasado en su empeño de dotar al municipio de una nueva normativa de Movilidad, pues las dos ordenanzas con las que lo intentó fueron tumbadas por la Justicia, por defectos de forma.

La última entró en vigor el 9 de febrero de 2024, pero, a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la anuló, debido a la ausencia de una memoria de análisis de impacto normativo. Con ella también cayó el carril bici en el centro del a ciudad, que el Ayuntamiento está desmantelando en las calles de El Pilar, Méndez Núñez, San Sebastián y Villalba Hervás para darle nuevos usos: aparcamientos de carga y descarga, estacionamientos para motos y paradas de taxi, entre otros. El Consistorio retiró el recurso que había presentado contra la decisión del TSJC y se ha centrado en la elaboración de una nueva ordenanza, el tercer intento.

Primero, el equipo de Gobierno, formado por CC y PP, quiere recabar la opinión de los ciudadanos sobre esta normativa y recoger sus propuestas. Éstos podrán participar en la consulta pública hasta el próximo 13 de febrero, a través de internet, en la plataforma de Participación del Ayuntamiento. La consulta se ha dividido en cuatro apartados: problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, necesidad y oportunidad de su aprobación, objetivos de la norma, y posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Norma de 1985

El área de Movilidad del Ayuntamiento , que dirige la edil Evelyn Alonso (CC), señala que la ordenanza vigente, aprobada en 1985, fue dictada en un contexto normativo y urbano muy distinto del actual. "Se centra en el tráfico motorizado, la regulación básica de la velocidad, los sentidos de circulación, el estacionamiento, las paradas, la carga y descarga, la inmovilización y retirada de vehículos, así como el régimen sancionador, sin contemplar fenómenos hoy esenciales como los vehículos de movilidad personal (patinetes y bicicletas), la micromovilidad eléctrica, la distribución urbana de mercancías de última milla, la movilidad activa o las zonas de prioridad peatonal". El Consistorio admite que la ordenanza de 1985 ha quedado claramente desfasada respecto del marco jurídico vigente, tanto en los contenidos que regula como en los que omite.

Asimismo, la Corporación local apunta que dicha norma carece de un régimen sancionador ajustado a las exigencias normativas contemporáneas, tanto en la definición de las categorías de infracciones como en la tipificación de los comportamientos regulados. "La ordenanza vigente no contempla ningún tipo de referencia a la clasificación ambiental de los vehículos, a los criterios de acceso basados en emisiones, ni a las nuevas obligaciones derivadas de la política estatal y europea de descarbonización, lo que genera un vacío jurídico significativo. Tampoco incluye infracciones vinculadas al uso indebido de vehículos de movilidad personal, bicicletas eléctricas, vehículos eléctricos de tres ruedas (tuk-tuk), incumplimientos en zonas de coexistencia, estacionamientos indebidos que afectan a la accesibilidad o infracciones asociadas a la logística de última milla".

El municipio carece de una ordenanza integral y actualizada que regule de manera coherente todos los modos de desplazamiento, según lo asevera el área de Movilidad. Advierte de que el marco vigente presenta normas dispersas y parcialmente desactualizadas ante la evolución tecnológica y normativa estatal, ausencia de criterios homogéneos para la ordenación del espacio viario, falta de regulación específica respecto a nuevos modos de movilidad (vehículos de movilidad personal, bicicleta eléctrica, reparto de última milla, zonas de prioridad peatonal o ambiental). "Esta situación genera inseguridad jurídica, dificulta la coordinación entre servicios municipales y compromete el cumplimiento del principio de seguridad jurídica".

Objetivos

El Ayuntamiento manifiesta que la elaboración de una nueva ordenanza es absolutamente necesaria para mejorar la seguridad vial en todo el municipio; ordenar y mejorar la convivencia entre todos los modos de transporte; fomentar la movilidad sostenible y la reducción de impactos ambientales; proteger zonas urbanas de especial valor patrimonial, comercial o cultural; digitalizar y mejorar la gestión municipal de la movilidad, y establecer un régimen sancionador claro, proporcionado y pedagógico.

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