El Ayuntamiento de Santa Cruz, denunciado por falsedad "documental y prevaricación" por dilatar la retirada del monumento a Franco

"El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha intentando impedir, de manera deliberada, mediante artificios administrativos y legales, la efectiva retirada de símbolos franquistas en la ciudad, en concreto, del monumento a Franco de la avenida de Anaga. Se evidencia una actuación concertada entre representantes públicos y sectores afines a la conservación del monumento, a través de informes con contenidos parciales o directamente falsos, y mediante la omisión deliberada del contexto franquista de la obra". Así se señala en la denuncia que Podemos Canarias ha llevado ya a la Fiscalía contra el Consistorio chicharrero, acusándolo de presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación, por "dilatar e impedir" la retirada de la escultura de Juan de Ávalos. El partido morado anunció este viernes, 26 de diciembre, que planea denunciar también al Gobierno de Canarias, en este caso, por "dejación de sus competencias y obligaciones", por no haber aprobado aún el Catálogo Regional de Vestigios Franquistas.

De esta forma, se abre un nuevo capítulo en los tribunales relacionado con la polémica sobre la retirada del monumento a Franco de la avenida de Anaga. Podemos Canarias asegura que el Consistorio chicharrero está manteniendo símbolos franquistas en el municipio de Santa Cruz "contraviniendo" lo que establece la Ley de Memoria Democrática. Un ejemplo de ello, añade, es la escultura de la Victoria, situada en la avenida Anaga, "un monumento propagandístico de claro carácter franquista, inaugurado en 1966 para celebrar el golpe de Estado de 1936 y para hacer apología del franquismo". "Lo que ha pretendido el Ayuntamiento es eludir la ley, alargando y dilatando el proceso, primero, derogando el catálogo que hizo el Gobierno de Canarias sobre los vestigios de Santa Cruz y, después, promoviendo su protección, a través de la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural)".

El partido morado alude a una "estrategia política de las derechas" que gobiernan en la Corporación local de Santa Cruz, por parte de Coalición Canaria para no incomodar a sus socios, PP, "ni a sus posibles futuros socios, Vox". "Nuestra obligación es poner en conocimiento de la Fiscalía este incumplimiento de la ley para que se investigue y se lleven a cabo las acciones necesarias. Si hubiese voluntad política, ya se habría retirado este monumento, como ha ocurrido en otros lugares del país y del Archipiélago canario".

Consulta ciudadana

Podemos Canarias exige la retirada de esta escultura, señalando que este tipo de monumentos no deberían estar en un espacio público. Sobre su posible resignificación, de lo que sí ha hablado el Ayuntamiento chicharrero, señala que esto es algo que tendrían que decidir los vecinos de Santa Cruz.

Respuesta del Ayuntamiento

En relación a esta denuncia, el Consistorio capitalino señala que no hará valoraciones porque desconoce sus fundamentos jurídicos. Eso sí, asegura que la actuación desarrollada por el Ayuntamiento se ajusta a la legalidad. "Tenemos que recordar que, por un lado, el Cabildo ha iniciado el trámite para saber si se declara o no ese monumento como BIC, procedimiento que ha sido ordenado por un juez y que aún no se ha finalizado. Y por otro lado, en estos momentos, el Catálogo de Vestigios que se recoge en la Ley de Memoria Histórica de Canarias ha sido retirado por el Gobierno de Canarias para su reelaboración, por lo que el Ayuntamiento está a la espera de que estos dos trámites se finalicen para tomar una decisión, que siempre se ajustará a lo que marque la ley como no puede ser de otra forma".

El Gobierno local (CC y PP) lamenta que, una vez más, Podemos "intente judicializar la toma de decisiones". "Y lo hace acudiendo a la Fiscalía y no directamente al juzgado, lo que denota la falta de convencimiento sobre sus propios argumentos".

Gobierno de Canarias

Desde el Gobierno de Canarias se indica que la propuesta de catálogo elaborada por la Universidad constituye una fase preparatoria esencial, "pero aún no ejecutiva, que requiere de intervención administrativa para dotarla de eficacia jurídica, asegurar su aplicabilidad y convertirla en un instrumento público de consulta y de gestión conforme a los principios de transparencia, seguridad jurídica y participación ciudadana". Fuentes del Ejecutivo reconocen que aún queda un largo proceso por delante para contar con el catálogo definitivo.

Al respecto, Podemos comenta que, a día de hoy, ve una clara "actuación negligente y prevaricadora por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz", pero no descarta emprender también acciones legales contra el Gobierno de Canarias por dejación de sus obligaciones.

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