El Gobierno de Canarias garantiza que “ninguna familia vulnerable será desalojada” en las 358 viviendas de Añaza

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, aseguró ayer que el Ejecutivo mantiene un «compromiso absoluto» con la protección de las familias residentes en las 358 viviendas de Añaza, alquileres que gestiona la empresa pública Visocan, y subrayó que el proceso iniciado para regularizar la situación contractual de algunos inquilinos «no tiene como objetivo el desalojo, sino la certeza jurídica y la atención personalizada».

“Ninguna familia vulnerable se quedará en la calle”

Rodríguez insistió en que la prioridad del departamento es «que ninguna familia vulnerable se quede en la calle», un mensaje que, afirma, ha trasladado en anteriores oportunidades y que reitera ante la inquietud surgida en algunas comunidades tras la recepción de comunicaciones oficiales. «Ese es nuestro compromiso y eso es lo que se está manteniendo», recalcó.

Cartas con tono mejorable

El consejero reconoció que algunas de las cartas remitidas por la empresa pública «deberían moderar su tono» y adoptar un carácter «más explicativo», con el fin de evitar interpretaciones que generen alarma o sensación de desprotección entre los vecinos, como reconoció en el Parlamento de Canarias el pasado martes a preguntas de la diputada socialista y también concejala en Santa Cruz, Patricia Hernández. «Quizá las cartas deben ser más pedagógicas y explicativas, porque lo único que se pide a las familias es algo muy sencillo y razonable», afirmó.

Actualización de contratos pendientes

El proceso se enmarca en el histórico del inmueble, adquirido por Visocan tras un periodo en el que los contratos y situaciones particulares quedaron sin actualizar cada tres años, como es el caso de los alquileres de las 358 viviendas de Añaza.

Revisión caso por caso

Una vez asumida la gestión por la empresa pública, comenzó un proceso de revisión para identificar correctamente quién reside en cada vivienda y en qué condiciones, con el fin de garantizar que todos los hogares cuenten con un contrato vigente y ajustado a la normativa.

Rodríguez detalló que Visocan está solicitando a las familias que acudan a las oficinas de la entidad para revisar su caso y regularizar la documentación pendiente.

Regularizar, no desalojar

«Lo único que se pide a algunas familias es que se personen en las oficinas de Visocan para regularizar la situación, conocer cada caso y, si procede, establecer planes de pago individualizados según las circunstancias de cada uno», indicó Pablo Rodríguez. El consejero explicó que este proceso es necesario porque, tras el traspaso de la propiedad a Visocan, algunos residentes mantenían contratos o acuerdos heredados de los antiguos propietarios, lo que obliga a la administración a solicitar información para actualizar los expedientes y asegurar la correcta titularidad de cada vivienda.

“No hay nadie en la calle”

Pablo Rodríguez quiso despejar cualquier duda sobre la situación actual: «No hay nadie en la calle ni nadie se va a quedar en la calle. Simplemente, se pide identificar a las personas que siguen viviendo en esas viviendas y recordarles que el contrato, desde entonces, ya no es con los antiguos propietarios sino con Visocan». El consejero admitió que algunas familias «aún muestran cierta resistencia» a establecer contacto con la empresa pública, lo que dificulta la actualización de los expedientes.

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