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Urbanismo busca a los 434 dueños extranjeros del hotel abandonado en Añaza

La Gerencia acelera con el consulado alemán cómo comunicar oficialmente con 351 súbditos para expropiarles y, luego, demoler

Estado en el que se encuentra el hotel abandonado de Acorán, cuya obra se paralizó en 1975.

Estado en el que se encuentra el hotel abandonado de Acorán, cuya obra se paralizó en 1975. / Andrés Gutiérrez

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La Gerencia de Urbanismo acelera los trámites para localizar a los propietarios del hotel abandonado en la costa de Añaza en 1975: de los 435 dueños, solo uno es de nacionalidad española y la mayoría (351) son alemanes. La concejala del área, Zaida González, explica que antes de proceder a la demolición del inmueble es preciso realizar la expropiación. Se trata de una estructura de 22 plantas y alrededor de 40.000 metros cuadrados que quedó inacabada entre 1973 y 1975 y ha permanecido abandonada durante décadas. El Ayuntamiento de Santa Cruz ya tiene dinero –medio millón aportado por el Cabildo– para el derribo, pero necesita localizar de forma oficial a los titulares de la propiedad.

Coste de la demolición

Otro dato: demoler la construcción, cuya licencia está caducada desde 2017, es más caro que proceder a su expropiación. Son 2,5 millones de euros frente al medio millón que supone al Ayuntamiento hacerse con la propiedad para luego demoler. Ese precio se ajusta a las condiciones del terreno, que no permite ninguna construcción, ni siquiera en el Plan General de Ordenación en tramitación.

Distribución de los propietarios

Según los datos que obran en poder de la Gerencia de Urbanismo, de los 435 dueños del mamotreto de Añaza, 351 son alemanes, 77 de Suiza, cuatro del Principado de Liechtenstein, dos de Finlandia y solo uno de España. La localización de los dueños se torna más compleja que la propia demolición, porque Urbanismo, una vez comunique oficialmente la expropiación, depositará en una cuenta judicial el importe y procederá a demoler el mamotreto. El gran problema estriba en la identificación de unos dueños que, 50 años después, ya han podido fallecer en muchos casos.

Trámites y coordinación internacional

Una vez que el departamento de Zaida González recibió la confirmación desde el Cabildo de la consignación del medio millón de euros para la expropiación, el pasado mes de septiembre intensificó los contactos con el Registro de la Propiedad para definir los trámites a seguir para que se admita como comunicación oficial la localización de los dueños extranjeros. Desde el pasado mes de noviembre se han extremado las conversaciones con el consulado alemán para definir qué proceso deben seguir en aquel país para que tenga las mismas garantías legales que en España cuando se comunica a través del Boletín Oficial la búsqueda de propietarios e, incluso, se da cuenta del proceso de expropiación, una gestión que en Alemania no está fijada de la misma forma, explica Zaida González, quien precisa que Urbanismo se enfrenta a una situación inédita.

Incidentes recientes

Ni las acciones emprendidas por Urbanismo durante más de ocho años ni los hechos ocurridos recientemente han logrado mitigar la curiosidad de quienes vulneran la seguridad con tal de satisfacerla. El ‘penúltimo’ episodio de estas características lo protagonizaron el lunes 9 de diciembre, cuatro días después de la muerte de una adolescente de 13 años: cuatro personas, de entre 20 y 30 años, accedieron hasta la sexta planta de la construcción, donde fueron localizadas por la unidad de drones de la Policía Local.

Foco de peligrosidad elevada

Los informes municipales emitidos desde 2017 advertían del grave deterioro, riesgo de desprendimientos, presencia de amianto, accesos abiertos en múltiples frentes y actos vandálicos reiterados. Los informes técnicos de 2017 propusieron medidas urgentes y en junio de 2018 se dictó una resolución de seguridad que ordenaba instalar red perimetral, carteles de advertencia, precinto policial y la posibilidad de ejecución subsidiaria. En marzo de 2019 se ejecutaron las medidas ordenadas: vallado metálico, señalización y precinto policial, todo dentro del mismo expediente.

Inspecciones y medidas de urgencia

Entre 2020 y 2023, las inspecciones constataron daños continuados en el vallado, retirada de cartelería y accesos forzados. En noviembre de 2020 se archivó el expediente inicial al considerarse cumplidas las medidas, pero se abrió uno nuevo para continuar con las actuaciones de restablecimiento de la legalidad.

El 5 de diciembre, un día después del siniestro, Urbanismo realizó una inspección inmediata. Allí se detectó un hueco en el cerramiento debido a la rotura del vallado, que solo estaba delimitado por precintos policiales. Ese mismo día se ejecutaron medidas de urgencia: cierre total del hueco y reposición completa de la señalización de peligro. Urbanismo mantiene en la actualidad inspecciones del cerramiento en coordinación con la Policía Local, a la espera de resolver la expropiación previa a la demolición.

Ocho años de gestiones

Urbanismo abre expediente de inspección en 2015 para determinar el estado del inmueble y su titularidad.

Entre 2017 y 2018 se declara la caducidad de la licencia de obra y se ordenaron medidas de seguridad inmediatas que se instalan por vía subsidiaria en 2019.

En 2023 se adjudicó el proyecto de demolición y se desbloqueó un trámite después de años.

Contratación en 2025 de valoraciones de parcelas para iniciar la expropiación, en la que se avanza.

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