Santa Cruz de Tenerife se rebela contra la Zona de Bajas Emisiones: el pleno pide al Estado que elimine la obligación de implantarla

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se rebela contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que establecerá restricciones al tráfico en la zona centro de la ciudad, y lo hace a pesar de que ya está trabajando, desde el área de Movilidad, en su implantación. El pleno aprobó este viernes, 28 de noviembre, con el apoyo del equipo de Gobierno (CC y PP), una moción del grupo municipal Vox, para solicitar al Estado que elimine la obligación de poner en marcha la ZBE.

En concreto, con esta moción, el Consistorio chicharrero pide al Gobierno de España que suprima el artículo 14.3.a) de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, en el que se impone la obligación, a los municipios de más de 50.000 habitantes, de implantar las zonas de bajas emisiones. Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife exige al Estado que reconozca expresamente la autonomía municipal para diseñar modelos de movilidad acordes a la estructura urbana de cada ciudad, "evitando imposiciones uniformes".

El Gobierno local y Vox comparten que la regulación estatal que impone las zonas de bajas emisiones no ofrece una solución adecuada ni realista para ciudades con particularidades urbanas, sociales y económicas como Santa Cruz de Tenerife. "Su aplicación responde a un mandato legal impulsado por el Gobierno central gobernado por el socialista Pedro Sánchez, sin tener en cuenta las especificidades territoriales ni las necesidades reales de los municipios afectados", se indica en el documento acordado.

Reducción de emisiones

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quiso dejar claro que Santa Cruz de Tenerife ha cumplido con el Pacto de los Alcaldes, reduciendo las emisiones contaminantes en la ciudad, por lo que el Ayuntamiento "defiende" todas aquellas acciones que supongan la mejora de la calidad del aire y de la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, y según indicó el regidor, la Zona de Bajas Emisiones, en los términos que establece el Ejecutivo de España, no tiene sentido en el municipio chicharrero.

"Con lo que no estamos de acuerdo es con la obligatoriedad que impone dicha ley; no estamos de acuerdo con una imposición que no tiene en cuenta la particularidad de cada municipio", añadió el regidor. En este sentido, apuntó, el Ayuntamiento solicita que se permita a Santa Cruz de Tenerife implantar soluciones consensuadas, técnicamente justificadas y equilibradas, que "protejan al mismo tiempo la salud, la actividad económica y el derecho a la movilidad".

El grupo municipal socialista votó en contra de esta moción, criticando que CC y PP apoyaran esta ley cuando fue aprobada, según lo indicó la portavoz del PSOE, Patricia Hernández. Ante esto, la edil de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), explicó que con la moción aprobada en el pleno no se está pidiendo al Gobierno central que derogue la ley sino que suprima un artículo que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar las zonas de bajas emisiones.

Recursos judiciales

Alonso señaló que la implantación de la ZBE está siendo un fracaso en todos aquellos lugares en los que se está llevando a cabo por imperativo estatal. "Además, se han presentado recursos judiciales en contra de estas medidas que se están ganando. Sólo estamos pidiendo que permitan a los ayuntamientos aplicar las medidas que realmente sean necesarias", comentó.

Para el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, estas políticas han incrementado los costes de vida, han dificultado los desplazamientos cotidianos y han castigado a quienes no pueden renovar su vehículo. "La implantación obligatoria de esta zona ha limitado la capacidad de los ayuntamientos para adaptar sus políticas a la realidad local, provocando desigualdades entre municipios y convirtiendo el sistema sancionador en una máquina de recaudar más que en una herramienta ambiental eficaz", argumentó.

A pesar de que el Ayuntamiento de Santa Cruz se opone a la ZBE, está obligado, de momento, a seguir trabajando en su puesta en marcha. En este sentido, en mayo, el área de Movilidad dio el último paso, en cuanto a contrataciones, para implantar la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad, con la que se establecerán restricciones al tráfico y con la que se pretende reducir en un 40% el número de viajes en vehículo privado. El Consistorio chicharrero adjudicó, por un millón de euros y tras un largo proceso administrativo, el contrato de suministro, instalación y puesta en servicio de la ZBE.

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