Visocan amenaza con desalojos en Añaza si los vecinos no pagan la deuda contraída con la empresa pública
La entidad del Gobierno canario desatiende la mediación de los Servicios Sociales de Santa Cruz y reclama los pisos para febrero si no se paga la deuda
La mayoría de los afectados que cuentan con apoyo social de Santa Cruz viven en las casas rojas de Añaza. / El Día
Más de medio centenar de vecinos de las casas rojas y azules del barrio de Añaza, en el Distrito Suroeste, viven con el alma en vilo después de que Visocan, empresa pública del Gobierno de Canarias, les haya dado un ultimátum desde finales de octubre: o saldan la deuda contraída o tienen que abandonar sus pisos a partir de febrero del próximo año.
Los servicios sociales, en alerta
La tesitura no es nueva para los inquilinos de Visocan ni para los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz, que han salido en defensa de aquellos afectados que tienen contrato y el reconocimiento de vivir en una situación de vulnerabilidad, pues muchos tienen más de 65 años y perciben una pensión no contributiva o un ingreso mínimo vital.
Amenazas repetidas
Algunos vecinos que residen legalmente en los pisos de Visocan, en su mayoría en las llamadas casas rojas, recuerdan que la misiva que les acaba de remitir la empresa es similar a la que recibieron hace tres años con el mismo argumento. Visocan aprovecha que vencen los tres años de contrato y comunica una revisión unilateral que altera las condiciones del alquiler.
Un convenio roto
Varios inquilinos del medio centenar afectado coinciden en sus relatos. La mayoría comenzó a vivir en esas viviendas cuando eran propiedad del Banco Santander, cinco años antes de que el Gobierno canario adquiriera en 2019 los 358 pisos distribuidos en dos bloques. Ya entonces el régimen de alquiler estaba afectado por un convenio de colaboración al que se comprometió el Ayuntamiento de Santa Cruz, que cubría diez de las doce mensualidades.
Con el paso de los años, estos inquilinos —que tienen contrato, aunque rechazan las nuevas condiciones— han intentado sin éxito recuperar el convenio. Desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) se cubren actualmente seis o siete mensualidades y el resto lo abona el inquilino.
Alquileres que suben, servicios que bajan
En once años, el alquiler medio ha pasado de 264 euros a 280; en el último año se les ha descontado 50 euros como compensación por obras en aparcamientos y trasteros que no pueden usar.
La realidad en las casas rojas y azules se divide en tres perfiles: quienes pagan su alquiler; quienes pagan con apoyo del convenio y rechazan los cambios; y familias que carecen de título habilitante.
Ultimátum de Visocan
El Departamento de Mediación y Morosidad de Visocan ha remitido decenas de cartas desde finales de octubre advirtiendo de su voluntad «de dar por concluido el contrato de arrendamiento» iniciado en 2019.
«Le ruego que, antes de la expiración, tenga a bien dejar libre la vivienda, entregando las llaves y abonando el acuerdo de deuda», señala la carta, para lo que se fijan cuotas y plazos. «Si regulariza su situación, no tendrá que entregar la vivienda y se le renovará el contrato».
Pero los vecinos rechazan la renovación en esas condiciones y reclaman que se mantenga el convenio social del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, desbordado
La recepción de las cartas ha caído como un jarro de agua fría entre los afectados y para la presidenta del IMAS, Charín González, no solo por la alarma social generada, sino porque Visocan ha ignorado la propuesta remitida en mayo por el consistorio para resolver los casos más críticos.
Los trabajadores sociales recuerdan que la primera puerta a la que acuden los vecinos es el Ayuntamiento. «Esta situación genera una fuerte presión en la cobertura municipal», señalan fuentes del IMAS, que reclaman más humanidad en las comunicaciones, la suspensión de nuevas misivas, mejor contraste de datos y retomar con urgencia la coordinación interadministrativa.
Visocan se defiende
Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) sostiene que cumple el precepto legal de requerir el pago de la deuda a los inquilinos en esta situación, coincidiendo con el final de año, al tratarse de bienes públicos.
La presidenta del Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz, Charín González. / Arturo Jiménez
Visocan desprecia los informes municipales de extrema vulnerabilidad
La presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz, Charín González, lamenta que Visocan, empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias, no tenga suficientemente en cuenta los informes técnicos emitidos ni la situación económica acreditada por las unidades familiares a las que se les reclama que abandonen sus viviendas antes de febrero de 2026.
La concejala de Servicios Sociales no sale de su asombro porque, la administración municipal fue por lana y salió trasquilada. El pasado mes de mayo presentó una propuesta a Visocan para buscar una solución a la situación en la que se encuentran once familias de Añaza, que conforman los casos considerados más críticos. Desde el IMAS, Charín González planteaba reformular el régimen de alquiler para evitar que los inquilinos tengan que acudir al Ayuntamiento a pedir una ayuda con la que después satisfacer el pago del alquiler. La propuesta era ofertar un alquiler como si se tratara de una vivienda de protección oficial en régimen especial e, incluso, contemplar la condonación parcial o total de la deuda. Lejos de acercar posturas en aras de resolver estos casos, Visocan remitió a las familias cartas mucho más contundentes en su forma y fondo, alimentando la sensación de desprotección de quienes ya se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
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