El alcalde de Santa Cruz de Tenerife exige una reforma legal para usar el superávit en gasto social

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife exige una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para poder destinar su superávit a gasto social, en lugar de tener que emplearlo en pagar deuda con las entidades bancarias. La Junta de Gobierno local ha aprobado, en una sesión extraordinaria, una modificación presupuestaria de 23,7 millones de euros, de los que 23,3 millones se destinarán a amortizar débito con los bancos. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, denuncia que el Consistorio chicharrero se vea obligado a usar toda este dinero de los ciudadanos para reducir la deuda municipal, cuando al Gobierno local le gustaría emplearlo en los vecinos, en concreto, en inversiones y en el refuerzo de los servicios públicos de Santa Cruz.

En concreto, la Junta de Gobierno extraordinaria ha dado el visto bueno al expediente relativo a la modificación presupuestaria, en la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe total de 23.714.994 euros, expediente que será elevado al próximo pleno para su aprobación definitiva. Bermúdez explica que, de esta partida, 23,3 millones se destinan a reducir deuda porque la Ley de Estabilidad obliga a los ayuntamientos con superávit presupuestario a utilizarlo, prioritariamente, para amortizar débito con las entidades financieras.

Ley desfasada

«Esta obligación legal nos impide poder destinar el superávit a reforzar los servicios públicos municipales o a ejecutar inversiones, a pesar de disponer de recursos suficientes, remanentes positivos y un nivel de endeudamiento bajo», manifiesta el alcalde. Para el regidor chicharrero, la Ley de Estabilidad Presupuestaria es una norma «desfasada» que limita «injustamente» la capacidad inversora de las administraciones locales. En ese sentido, José Manuel Bermúdez exige al Gobierno central su revisión urgente.

Por su parte, el concejal responsable del área de Hacienda, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, resalta que el municipio chicharrero mantiene una gestión económica sólida y responsable, «y el Ayuntamiento ha aprovechado, en los últimos años, las oportunidades de los mercados financieros para renegociar préstamos, amortizar anticipadamente deuda y mejorar las condiciones de financiación». Estas medidas, según explicó el edil, han permitido al Consistorio capitalino mantener una de las presiones fiscales más bajas entre las capitales españolas, «garantizando, al mismo tiempo, el sostenimiento y mejora de los servicios públicos y el incremento del gasto social».

Injusta

Díaz-Estébanez lamenta que el actual marco normativo obligue a los ayuntamientos a destinar el dinero de sus ciudadanos al pago de deuda bancaria, «mientras que el Gobierno central asume la deuda de otras comunidades autónomas», una situación que, añade, «resulta injusta para municipios cumplidores como Santa Cruz de Tenerife, que gestionan con rigor, equilibrio presupuestario y responsabilidad fiscal».

Deuda actual

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en el año 2012, establece un límite de gasto vinculado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), «lo que bloquea la posibilidad de aumentar la inversión local, aun existiendo superávit o remanente positivo», señala el edil de Hacienda. En la actualidad, la deuda del Ayuntamiento de Santa Cruz se sitúa en torno a los 96 millones de euros y el superávit es de 26 millones, aproximadamente, cantidad que se genera por obtener mayores ingresos o por no ejecutar el presupuesto previsto.

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