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El ayuntamiento perdería el control de la organización si el Carnaval se declarara BIC

El presidente del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio advierte que el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias tendrían la última palabra en los preparativos

La presentación de los Carnavales por el mundo centró la primera mesa de trabajo del Congreso Internacional de Profesionalización de la fiesta.

La presentación de los Carnavales por el mundo centró la primera mesa de trabajo del Congreso Internacional de Profesionalización de la fiesta. / María Pisaca

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

«La administración tiene la obligación de tutelar el Carnaval, pero no de manejarlo». La frase corresponde al presidente del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop), Francisco Aznar, el ponente más aplaudido de cuantos se turnaron en las mesas que abordaron ‘Carnavales del mundo’, ‘El Carnaval como patrimonio cultural inmaterial’ y ‘Repercusión económica y social del Carnaval en las ciudades’.

El Carnaval, un rito convertido en fiesta

Aznar demostró sabiduría y fue categórico en cada afirmación: «El Carnaval es un rito que se convierte en una fiesta» y, bajo esa reflexión, alertó del riesgo de “institucionalizar” la celebración, porque «corre el peligro de desvirtuarlo».

La importancia de mantener la tradición

«No tiene sentido celebrar un Carnaval como el que organiza Puerto de la Cruz en agosto», añadió, «porque rompe con el calendario y, por ende, la tradición».

El Carnaval pertenece a los ciudadanos

Cuando se le preguntó por la importancia de que la fiesta consiga protección, ya sea como Bien de Interés Cultural inmaterial o el reconocimiento de la Unesco como patrimonio, el presidente del Cicop también aseguró que «el Carnaval no necesita que le den nada; la fiesta es de los ciudadanos, no de las administraciones».

El riesgo de perder el control local

Advirtió de que, si las carnestolendas fueran BIC, la última decisión de la organización ya no correspondería a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz –tan dada a reuniones para revisar las bases–, sino al Cabildo de Tenerife, o incluso al Gobierno de Canarias.

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