Susana vive atrapada en su casa de El Toscal desde hace cinco años

Susana Castellanos vive en la calle San Vicente Ferrer, en pleno corazón del barrio de El Toscal, donde convive desde 2007 con su hijo Christian, de 19 años. Desde el sofá de su casa narra las penalidades que sortea desde el 20 de julio de 2020, cuando un pinchazo por una crisis alérgica le cambió la vida para siempre. «Me levanté con las amígdalas inflamadas, fui al centro de salud y una enfermera joven me pinchó. A la media hora estaba traspuesta, con las piernas duras como piedras. Ahí empezó mi infierno».

Desde entonces, asegura que los médicos no supieron explicarle qué le ocurría. En los últimos cinco años ha sorteado consultas de un especialista a otro sin diagnóstico; hasta en alguna oportunidad alguna doctora llegó a asegurar que su problema era que padecía ataques de ansiedad, hasta que en noviembre de 2024 le pusieron nombre a su dolencia: síndrome de Sudek, una enfermedad del sistema nervioso que provoca dolor crónico extremo.

«Pasé cuatro años sin saber lo que tenía. Incluso llegué a quedarme ciega del ojo izquierdo por una neuritis óptica provocada por el dolor y el estrés. Me dejaron ciega y me trataron de loca», explica.

Encerrada en casa por falta de accesibilidad

A sus problemas de salud, Susana denuncia que no puede salir de su edificio porque la comunidad de vecinos aún no ha ejecutado las obras de accesibilidad que, asegura, están aprobadas y presupuestadas por Simpromi desde mayo de 2024. «Tengo los informes hechos, la arquitecta vino, pero nadie hace nada. Vivo encerrada. Cuando mi hijo se va a clase por la tarde, me quedo sola hasta la noche. No puedo salir ni al portal».

Susana acredita que tiene reconocida una dependencia de grado 2 y un 84% de discapacidad, y aun así algunas veces las ayudas le complican más la vida: «Me han mandado más de 30 chicas distintas en un año. No tengo estabilidad, no puedes confiar, es mi casa, mi intimidad». También denuncia haber sido multada por la Policía Local cuando intentaba subir a su vehículo en silla de ruedas, debido a la falta de un acceso adaptado frente a su portal, y se pregunta: «¿Dónde quieren que me suba, en medio de la carretera?».

Cinco meses para un vado

El pasado viernes, y después de meses de espera, el área de Servicios Públicos de Santa Cruz, que dirige Carlos Tarife, le habilitó un acceso a la puerta de su casa, mientras desde el Distrito Centro-Ifara aseguran que también han colaborado para contribuir a mejorar la calidad de vida de Susana, como en la actualidad realizan con otro caso similar en San Juan Bautista.

Afirma haber reclamado en numerosas ocasiones ante el Ayuntamiento sin obtener respuesta. «Desde enero pido hablar con el alcalde, José Manuel Bermúdez, y me dijeron por teléfono que él no atiende personas. Tengo las reclamaciones por escrito», asegura.

Crítica al sistema y al desinterés social

Más allá de su situación personal, Susana extiende su crítica al deterioro generalizado de los servicios públicos en Canarias. «El transporte de ambulancias, fatal. Son empresas privadas que cobran con dinero público y hacen mal su trabajo. Nadie hace nada. Cambian el nombre, pero sigue el mismo servicio y todo funciona igual de mal. Aquí todo se tapa, y seguimos pagando con dinero público lo que no funciona».

También arremete contra la burocracia y el desinterés social. «Hacemos manifestaciones por Palestina, y claro que me da pena, pero también se mueren niños aquí. En Canarias hay niños que solo comen tres veces al día porque abren colegios en verano. ¿Y nadie se manifiesta por eso?».

Negligencias médicas y abandono

«A mi hijo lo operaron en diciembre de un testículo y no lo vieron hasta marzo o abril. Recién operado, cogió una infección y tuve que poner dos reclamaciones. Lo normal sería que lo viesen al mes. Y a mi madre, en otra operación, la dejaron mal...», relata. Incluso asegura que «una vez me dieron la medicación de otra persona. Estuve semanas tomándola hasta que vi el nombre en el envase».

Según su relato, estuvo encamada todo 2024 sin tratamiento ni rehabilitación. No fue hasta febrero de 2025 cuando comenzó fisioterapia gracias a la intervención del jefe de la Unidad del Dolor.

Sobrevivir con 800 euros

Hoy, entre sus dolencias —colon irritable, fotofobia y atrofia muscular—, Susana lucha por sobrevivir con 800 euros mensuales de ingreso mínimo vital, tras perder parte de la ayuda al cumplir su hijo los 18 años.

«Yo no tengo vida. Mi hijo lo hace todo: comprar, limpiar, cuidar de mí y de los perros. No quiero morir, solo quiero vivir dignamente».

Pide que su historia sirva para visibilizar la falta de accesibilidad, la negligencia médica y la lentitud burocrática que, asegura, la tienen «atrapada en casa» desde hace cinco años.

«Solo pido que nos traten como personas».