Casi cuatro años de lucha contra la okupación de su vivienda familiar en Santa Cruz

Cuando eran niñas las hermanas Elena y Aurora Castro visitaban a menudo la casa de su abuelo situada en el número 46 de la calle San Francisco Javier, de El Toscal, en Santa Cruz. Cuando su abuelo falleció, la vivienda familiar pasó legalmente a su madre y después a ellas, que la han tenido sin uso hasta el momento. Hace casi cuatro años, decidieron vender la casa, pero se encontraron con un obstáculo: un hombre que afirmaba llevar «30 años viviendo allí».

Su historia comienza en 2021, cuando ambas leyeron la noticia de la inminente aprobación del Plan Especial de Protección de El Toscal. Esta nueva ordenanza les daba luz verde para vender o reformar el domicilio, pero se encontraron al usurpador. «Por esas fechas las dos estábamos enfermas y queríamos el dinero para pagar los tratamientos», rememoran.

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En septiembre de 2021, acompañadas de un agente inmobiliario, llegaron a la casa y la puerta parecía forzada y con candados nuevos, aunque podían abrirlos. Al entrar, un hombre estaba dentro y les aseguró que llevaba décadas viviendo en la casa; después, que acababa de divorciarse y no tenía dónde ir. «No parecía alguien que viviera en la calle. Estaba hasta trajeado. Le dijimos que éramos las propietarias y que tenía que irse porque íbamos a vender el inmueble». Les aseguró que se iba a marchar «rápido» y le dieron su «voto de confianza».

Dos meses después (en noviembre de 2021) regresaron convencidas de que se habría marchado. Descubrieron que seguía allí y en el baño había un «butrón (agujero)» tapado con una tela negra por donde salían más hombres. Mientras le decían que se tenía que marchar, él iba acercándose a la puerta con intención de cerrarla. Ellas salieron huyendo. «No queremos imaginar qué nos hubiera pasado», detallan.

La historia de esta vivienda familiar se remonta a 1950, cuando el abuelo de ambas la adquirió. Ha sido transmitida legalmente de generación en generación, a la madre de Aurora y Elena y, cuando falleció, a las hermanas. En 1972 fue alquilada como local comercial. Recuperaron la propiedad tras ganar un juicio al empresario porque no pagaba. En 2007, la vivienda volvió a ser de la familia. Está registrada bajo el nombre de Elena porque «era más fácil tenerla solo a mi nombre que al de las dos», explica. Ese mismo año, Urbanismo les comunicó que no podían hacer ninguna obra por estar afectada por el Plan Especial de Protección de El Toscal.

Ante el bloqueo administrativo, decidieron cortar el agua y la luz para «evitar cualquier accidente». Durante más de quince años, la vivienda estuvo cerrada con candado y la visitaban con frecuencia. «Mi madre soñaba con vivir allí, pero nunca pudo», añade Elena.

El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de El Toscal, que comenzó a redactarse en la década de 1990, y fue aprobado en 2023, reconoce como Bien de Interés Cultural (BIC) a muchas construcciones. La de Elena y Aurora no es la primera vivienda que sufre la misma suerte en el barrio. Hay muchas viviendas que parecen abandonadas. En los últimos meses, varios okupas han abandonado dos en El Toscal, pero el caso de estas dos hermanas es diferente.

Desde que se toparon con esta situación, las hermanas decidieron asesorarse. «Un abogado especializado en patrimonio nos aseguró que nos iba a salir más caro expulsar al usurpador que vender la propiedad», recuerdan.

En marzo de 2023 presentaron la primera denuncia ante la Policía Nacional. El proceso judicial fue una odisea. «Ni siquiera nos recogían la certificación del Registro de la Propiedad», cuenta Elena. Los ocupantes seguían dentro y hasta llegaron a levantar un muro sin autorización. También, aseguran que son increpadas por hombres cada vez que se acercan al barrio o cuando «paseamos por cualquier calle de Santa Cruz».

Los últimos intentos

En 2024 contrataron a un nuevo abogado que presentó una demanda por la vía civil. Les dijeron que se traspapeló, pero hubo juicio. La sentencia desestimó la demanda alegando que había pasado demasiado tiempo desde el descubrimiento del ocupante hasta que se presentó la demanda. Según el juez, la acción había «caducado». Las hermanas reclaman que «el propio Tribunal Superior de Justicia dice que los delitos de usurpación no prescriben mientras sigan ocurriendo».

Hoy, Aurora y Elena siguen esperando por recuperar su vivienda. En marzo de este año, su nuevo abogado presentó una demanda, por la vía penal. Matizan que por parte de las administraciones ha habido «un silencio total y mucho maltrato por parte de las instituciones». Han enviado cartas al Ayuntamiento de Santa Cruz. «Lo peor no es la ocupación, es la sensación de que el Estado te ha dejado sola», concluyen. Después de tres meses, el 17 de junio, ampliaron la denuncia por miedo a que acuda al juicio una persona que no sea el okupa porque no saben quién está ahora mismo en la casa.

La vivienda situada a un costado de la de las hermanas también se encuentra okupada y el «inquilino» les ha asegurado en varias ocasiones que el ocupante denunciado «solo pasa por la zona los fines de semana a revisar si la vivienda está bien». Están a la espera de que el juzgado les autorice una medida cautelar que les permita abrir la casa y ver el estado en el que se encuentra. «A pesar de todo, hemos seguido intentando vender la casa», cuentan Elena y Aurora.

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