Vecinos de Santa Cruz denuncian el despilfarro de 10 millones de euros en movilidad y el carril bici

La asociación de vecinos Urban-El Perenquén cuestiona la legalidad con la que ha obrado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la tramitación de cuatro contratos que superan en total los diez millones de euros y que tienen que ver con la movilidad en la capital tinerfeña. El abogado del colectivo, Felipe Campos, alertó de una supuesta infracción del principio de legalidad administrativa al hacer la encomienda o tramitar expedientes sin contar con el preceptivo marco legal y responsabilizó de esta situación tanto al primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, como al regidor municipal, José Manuel Bermúdez, y a la responsable de Movilidad, Evelyn Alonso.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se limitan a aseguran que los expedientes tienen todos los informes técnicos y jurídicos favorables.

La Justicia suspende las obras del carril bici de Santa Cruz de Tenerife

El letrado, junto a la presidenta del colectivo del centro de la capital tinerfeña, Silvia Barrera, ofrecieron una rueda de prensa para valorar las consecuencias de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de paralizar cualquier actuación en el carril bici, a raíz de que la asociación instara a la ejecución provincial de la sentencia que anuló la ordenanza de movilidad.

Felipe Campos detalló la ejecución de contratos públicos en materia de movilidad y Zona de Bajas Emisiones; la primera anulada, la segunda no ha sido aprobada aún.

El pasado 15 de mayo se procedió a la adjudicación de un contrato de 3,5 millones de euros para la ejecución del carril bici, que se firmó dos meses después de la ordenanza de la anulación de la ordenanza de movilidad. Con anterioridad se habria adjudicado otro por 1,6 millones para la ocupación de la red de movilidad personal, que se firmó cuando ya existían medidas cautelares que suspendían la normativa.

A esto se suman otros dos expedientes referidos a Movilidad. El 28 de mayo de 2025 se firmó un contrato de 1,3 millones de euros para instalar el sistema de control de Zona de Bajas Emisiones, sin que aún se haya probado la ordenanza que da amparo legal a dicho contrato, según el letrado. Y el 2 de junio pasado se suma otro para la instalación y puesta en marcha del centro para control de movilidad, que dependen tanto de la normativa anulada como la de bajas emisiones -aún en trámite-, por un importe de 3,9 millones.

"Estamos ante una ejecución provisional de nulidad, lo que significa qe todas las actuaciones derivadas de esa ordenanza carecen ahora de validez jurídica, incluida la instalación del carril bici", reitera el letrado, para añadir que "las actuaciones del Ayuntamiento son nulas de pleno derecho por falta de cobertura normativa". "Sin ordenanza aprobada no puede haber ni licitación, ni contrato, ni ejecución de obra".

El antecedente de Burgos

Felipe Campos pone en aviso a la administración municipal de Santa Cruz, al recordar que existen otros casos, como el particular de Burgos, donde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha anuló actuaciones similares por la ausencia de normativa, lo que justificó su nulidad.

La asociación de vecinos Urban-El Perenquén no entiende las prisas del ayuntamiento con el carril bici. "¿Por qué esa urgencia? ¿Por presión política? ¿Por comprometer contratos antes de que sea demasiado tarde?. “El TSJC ha dejado claro que no existe urgencia alguna para montar el carril bici, y sin embargo se ha seguido adelante, sin norma, sin autorización, y con dinero público”, para recordar que el recurso de casación aún no ha sido admitido a trámite por el Supremo. De confirmarse la nulidad de forma definitiva, Campos ha anunciado que solicitarán el desmantelamiento de las infraestructuras ejecutadas y adelanta que no descarta explorarse otras responsabilidades patrimoniales por la vía penal.

“El Ayuntamiento no solo ha incumplido una decisión judicial, sino que ha puesto en riesgo millones de euros del erario público”, reitera Campos.

No cabe el carril bici

La presidenta de la asociación, Silvia Barrera, aseguró que el verdadero objetivo del Ayuntamiento no es reducir emisiones ni mejorar la movilidad urbana, sino expulsar el vehículo privado del centro de la ciudad. “Esto no va de carriles bici, ni de zonas de bajas emisiones, ni de sostenibilidad. Lo dice literalmente la memoria del proyecto: se trata de un nuevo concepto de movilidad donde el automóvil debe desaparecer del espacio público".

Criticó que no se haya hecho una evaluación seria del impacto de estas medidas: “¿Dónde aparcan los comerciantes, los proveedores los residentes? ¿Qué pasaría con una ambulancia en caso de atasco en la calle del Pilar? Nada de esto se ha valorado. Esto es una imposición”.

La activista aseguró que no se opone al carril bici como concepto, pero sí a su implantación “en lugares donde no cabe”, como la calle del Pilar. “No hay espacio, se bloquea el tráfico, y se están generando conflictos sociales innecesarios. Esto va a terminar con demandas judiciales, indemnizaciones y perjuicios económicos para todos”, para proponer el impulso al carril bici a la playa de Las Teresitas.

Tirón de orejas a Patricia Hernández (PSOE)

Felipe Campos también reprochó la inacción del PSOE en la oposición, especialmente a su portavoz, Patricia Hernández. “Le hemos entregado el recurso ya redactado para impugnar el contrato de 1,3 millones por la zona de bajas emisiones. Solo tiene que firmarlo. Pero no contesta, no actúa, no lo presenta”, afirmó.

“¿Qué motivos tiene Patricia Hernández para no recurrir un contrato claramente ilegal? ¿Por qué se hace la desentendida? Si alguien lo entiende, que lo explique”, señaló.

En primera persona

Mar Feal, empresaria de cinco comercios y 18 trabajadores: "Me enteré cuando vi los cubos de pintura en la calle"

La rueda de prensa convocada por la asociación de vecinos Urban-El Perenquén contó con el testimonio de Mar Feal, empresaria de Zona Centro, donde tiene cinco comercios y cuenta con dieciocho trabajadores. "Nos enteramos de que Santa Cruz iba a poner en marcha un carril bici en noviembre, en plena campaña de Navidad, cuando vimos a los operarios con los cubos de pintura para comenzar a marcar las rayas; nadie nos consultó".

Mar Feal advirtió de la supresión de aparcamientos y de la carencia de estacionamientos en la zona, al margen del embudo que se produce en la calle de El Pilar para acceder a los cuatro que existen y que son insufientes. "Faltan tres que se había contemplado en la Zona Urban".

La empresaria sacó número a la hora de advertir el daño que se está produciendo en el tejido laboral de la zona. "Un trabajador cobra una media de 1.300 euros al mes y solo puede seguir una plaza por 130...". De otra forma, "tienen que pagar el diez por ciento de su sueldo por ir a trabajar", se lamentó, para aportar el testimonios de proveedores y repartidores que son autónomos y no les sale rentable desarrollar su labor en el centro de Santa Cruz.

El coste de la carrera de un taxi se incrementa un 70% por la calle de El Pilar

Silvia Barrera agradeció el apoyo de los profesionales del sector del taxi, y dio la palabra al presidente de Elite Taxi Santa Cruz, que representa al 75 por ciento de los trabajadores. Su portavoz, Miguel Ojeda, alertó de que el coste de una carrera por la calle de El Pilar se ha incrementado un 70 por ciento. Es la consecuencia de que se haya convertido esta vía en un embudo. Eso sin obviar la imposibilidad de transitar una ambulancia por la zona para atender una llamada de alerta, como ocurrió días atrás cuando los sanitarios tuvieron que recorrer con la camilla unos 80 metros.

Y todo comenzó con la Zona Urban, también en peligro

La presidenta de la asociación Urban-El Perenquén recordó que desde la implantación de la Zona Urban, en los años noventa, se han sucedido las reuniones con los políticos, hasta el punto de considerar que se han agotado todas las vías. Se ha llevado a pleno sin conseguir respuesta y finalmente ha sido la Justicia quien ha dado la razón a los vecinos. "Siempre reclamamos la accesibilidad en la zona centro; no podían pasar vehículos de emergencias como los bomberos y ambulancias. Se produjo un incendio muy grave y en Teobaldo Power y no han hecho nada"

La Zona Urban se puso en marcha sin contar con una ordenanza, asegura la dirigente vecinal y para salvarla la habían incluido en la ordenanza de movilidad que acaba de anular el TSJC, por lo que están en peligro también todos los contratos que afectan a esta zona, en opinión del letrado y la presidenta vecinal.

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