Inversores en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por la terraza de verano
Una de las empresas que participó en la licitación del Ayuntamiento ya ha anunciado acciones legales contra éste por declararla desierta

Estado actual en el que se encuentra la terraza de verano Isla de Mar, en Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez
La decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de declarar desierta la licitación para recuperar la única terraza de verano que tenía la ciudad, en el solar municipal de Cabo Llanos, ha puesto en pie de guerra a los inversores que habían apostado por este proyecto. Éstos aseguran que se trata de una decisión «injusta y arbitraria», y anuncian, incluso, acciones legales contra la resolución municipal. Asimismo, solicitan una reunión urgente, en los próximos días, con el área de Patrimonio e Infraestructuras de la Corporación local.
Una de las tres empresas que participaron en este concurso público convocado por el Consistorio de Santa Cruz hace un año, Future Engineering Ros, ha confirmado que está preparando un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias. Asimismo, dicha entidad planea llevar al Ayuntamiento ante la Justicia por «responsabilidad patrimonial», por los gastos técnicos «injustificadamente ocasionados por una resolución administrativa presuntamente contraria a derecho». Ésta se ha reunido con otra de las empresas participantes, Desarrollo de Fiestas y Eventos, la cual también está dispuesta a presentar una reclamación.
Licitación
En julio de 2024, el Consistorio, con el objetivo de mejorar la oferta de ocio nocturno en la ciudad, sacó a licitación el alquiler, a través de una concesión administrativa, de la parcela municipal ubicada en Cabo Llanos, junto al Intercambiador de Transportes, que ocupó Isla de Mar durante unos nueve años, terraza de verano cerrada desde diciembre de 2021.

Abandono de la terraza Isla de Mar en Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD
Tras casi un año de procedimiento administrativo, y tal y como adelantó este periódico, el Ayuntamiento, a través de la Mesa de Contratación, ha decidido declarar desierta la licitación porque, y según se señala en el informe urbanístico, las propuestas presentadas superaban los límites de la superficie permitida para la instalación de la nueva terraza y porque «en ningún caso» se planteaban infraestructuras desmontables o provisionales, requisito exigido en el concurso público.
Aparcamiento
En esta licitación participaron tres empresas, Future Engineering Ros, Promoción y Desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias, y El Ático Explotaciones, las cuales llevaban un año esperando por la resolución de este procedimiento. Sin embargo, en lugar de proceder a la adjudicación del alquiler del solar para poner en marcha una terraza de verano, la Corporación local ha decidido cerrar el expediente. El Ayuntamiento estudia ahora convertir este solar municipal en un aparcamiento disuasorio de unas 280 plazas.
Sombras
Esta resolución municipal, «amparada en supuestos incumplimientos urbanísticos por parte de los licitadores», ha indignado a las empresas que participaron en el concurso público. Future Engineering Ros señala que éste ha sido un procedimiento plagado de sombras. «Durante meses, inversores, arquitectos, ingenieros, y técnicos locales y nacionales han trabajado en propuestas complejas y ajustadas a los requerimientos del pliego de condiciones que regían la licitación. El Ayuntamiento ha jugado con nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra confianza. A estas alturas, lo único que queda claro es que no han querido adjudicar el alquiler del solar para recuperar la terraza de verano», ha manifestado uno de los empresarios afectados.
Informe técnico
Los inversores aseguran que el desarrollo del procedimiento de licitación ha estado marcado por una «total falta de transparencia, sin comunicaciones claras ni indicios de valuación objetiva de las propuestas». Éstos apuntan que el detonante ha sido un informe técnico municipal que recomienda no adjudicar el contrato, «argumentando que los proyectos presentados incurren en defecto urbanísticos». «No obstante, según las fuentes jurídicas que hemos consultado, dichos defectos son subsanables conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, que ampara expresamente la posibilidad de requerir subsanaciones en procedimientos abiertos».
Los licitadores sostienen que la decisión del Ayuntamiento no sólo carece de motivación suficiente, sino que supone una vulneración directa del principio de buena fe y de confianza legítima. Afirman haber invertido muchísimo dinero en asesoramiento técnico, elaboración de proyectos, estudios medioambientales, análisis de viabilidad y contratación de profesionales externos. También señalan que, más allá del perjuicio a las empresas, esta resolución municipal supone un nuevo revés para el ocio en Santa Cruz de Tenerife.
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