El drama de una madre desahuciada en Tenerife: “Pido una oportunidad laboral para poder comenzar mi vida desde cero”

Poco después de las diez de la mañana de este lunes 19 de mayo se materializó la orden de lanzamiento dictada por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia Número 1 el pasado 6 de mayo, que obligaba a Beatriz Gutiérrez a abandonar el piso que ocupaba con su hijo de 14 años en el edificio Alejandro, situado en la calle Juan Rodríguez Santos, número 21, en el Distrito Ofra-Costa Sur.

Según consta en el auto judicial, se autorizaba a la comisión judicial a proceder a la ejecución aunque el inmueble estuviera cerrado o no se consintiera la entrada, pudiendo contar con el auxilio de la fuerza pública.

Finalmente, se produjo el lanzamiento de Beatriz, quien desde el viernes hasta el domingo había recogido sus pertenencias. Así, a la hora convenida para la ejecución, Beatriz entregó de forma pacífica las llaves a la comisión judicial en presencia de la procuradora de los propietarios del inmueble y otro representante de la propiedad. Tanto la afectada como la concejala del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Charín González, aseguran que, desde que conocieron la orden de lanzamiento, comunicaron que Beatriz tiene a su cargo un hijo menor. No obstante, la magistrada no solicitó un informe de vulnerabilidad y decidió llevar a cabo el lanzamiento del inmueble.

“Me aconsejaron este piso”

Beatriz cuenta que conoció la posibilidad de vivir en el piso que okupaba hasta la mañana de este lunes por recomendación de una plataforma de vivienda, cuyo nombre no recuerda. “Pensé que iba a vivir en una casa donde podría pagar un alquiler y llevar una vida normal. Cuando llegué, me encontré con que no tenía ni taza en el baño ni tuberías, y un señor de la zona me ayudó a ponerla en condiciones para poder habitarla”.

Desde hace casi nueve años, ha estado instalada en la vivienda número 2, puerta seis, del edificio Alejandro.

Esta es la tercera vez que Beatriz recibe una orden de lanzamiento por parte del juzgado. La primera fue en 2022 y se paralizó al reconocerse su situación de vulnerabilidad por tener un menor a su cargo. En febrero de 2025, recibió una nueva orden que también fue suspendida, hasta que el pasado 6 de mayo se dictó un tercer auto, que se ejecutó este lunes.

La afectada pide una oportunidad laboral que le permita comenzar su vida desde cero. “No quiero vivir así. Quiero pagar un alquiler y no soportar estos problemas que están acabando con mi salud”, afirma. Beatriz Gutiérrez, natural del municipio de El Rosario, ha desarrollado su vida laboral en La Laguna y Santa Cruz, trabajando en supermercados y tiendas. “No he tenido buena suerte con el trabajo”, admite. “Hago un llamamiento a quien me pueda echar una mano”.

Explica que cuando llegó al edificio Alejandro, construido hace 19 años según precisa otra residente, Conchi Govea, el inmueble era propiedad de un fondo inmobiliario. La promoción fue iniciada por una empresa que quebró, pasando la propiedad a manos de un banco, que posteriormente lo vendió a un fondo. En mayo de 2023, un particular compró el edificio, que cuenta con diez pisos repartidos en tres alturas.

Un edificio sin cédula de habitabilidad

Casi 20 años después de su construcción, el edificio Alejandro sigue sin contar con cédula de habitabilidad. En cinco de sus diez viviendas residen okupas, y otras están alquiladas en precario por el propietario a personas de su confianza.

En el proceso de lanzamiento estuvo presente un representante de los actuales propietarios, que asegura que espera culminar en junio los trámites para alquilar legalmente los pisos. Sin embargo, tanto Beatriz como Conchi se preguntan cómo se puede alquilar un inmueble que aún no está legalizado.

Desde que recibió la orden de lanzamiento, Beatriz asegura que intentó negociar el pago de un alquiler que le permitiera quedarse en la vivienda, y muestra un mensaje de WhatsApp en el que el representante de la propiedad descarta dicha posibilidad.

“Te vuelvo a repetir, y van dos (veces). No insistas, no vamos a llegar a un acuerdo”, dice el mensaje.

“Beatriz, si reúnes condiciones para alquilar una vivienda, ya estás tardando en buscar otra. Llevas años ahí. Ahora que se acerca la fecha final, todo son apuros. Seguiremos el camino marcado por nuestro abogado, siempre acatando la ley”. Y así fue como, la mañana de este lunes, se produjo finalmente el lanzamiento.

Contradicciones entre la versión de Beatriz y el IMAS

La concejala del Instituto Municipal de Atención Social, Charín González, asegura que el Ayuntamiento ha estado trabajando durante años para encontrar una solución a la situación de los okupas del edificio Alejandro. “Ahora es propiedad de un particular y no podemos forzarlo a formalizar un contrato si no quiere”, afirma. “Incluso hablamos con el propietario y le dijimos que el alquiler podría cubrirse con PEAS. Pero no podemos obligarlo”, reitera.

El IMAS comunica a seis familias ‘okupas’ del Edificio Alejandro que los propietarios le retirarán el suministro eléctrico

Explica que desde su departamento se han desplegado todos los servicios disponibles para ayudar a las familias, y en el caso concreto de Beatriz se le planteó la opción de un piso de emergencia, compartido con otras madres en situación similar.

González asegura que, en los últimos días, la propia Beatriz informó haber encontrado un alquiler en La Matanza. Sin embargo, Beatriz sostiene que el Ayuntamiento de Santa Cruz no le ha ofrecido ninguna alternativa. En cuanto al piso de emergencia, rechaza esa opción porque no la considera adecuada para vivir con su hijo. Reitera que no se le ha ofrecido ni ese alquiler en La Matanza ni otra solución similar.

La compra del inmueble

Al lanzamiento de Beatriz Gutiérrez asistieron los concejales socialistas Andrés Martín Casanova y Alana Chinea. Esta última recordó que, en junio de 2024, el pleno del Ayuntamiento acordó instar al Gobierno de Canarias, a raíz de una moción del grupo socialista en Santa Cruz, a comprar el edificio Alejandro.

El consejero de Vivienda, dispuesto a comprar el edificio Alejandro, en Ofra

El propio consejero de Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, se mostró partidario de comprar el edificio Alejandro –sin cédula de habitabilidad y con seis familias okupas–, como planteó con una pregunta durante el pleno del Parlamento en julio de 2024 el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

Diez meses después, una madre y su hijo de 14 años fueron desalojados por orden judicial, sin que en la tercera resolución se considerara la posibilidad de vulnerabilidad.

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