Exigen el desmantelamiento inmediato del carril bici de Santa Cruz y de la Zona Urban
Felipe Campos, el abogado que ha tumbado la Ordenanza de Movilidad de la capital, en representación de la Asociación El Perenquén, amenaza con llevar a la justicia los contratos para implantar la Zona de Bajas Emisiones
Los vecinos denuncian que el Ayuntamiento sólo quiere beneficiar a los "ricos, a quienes pueden tener un coche eléctrico", y se preguntan quién va a utilizar patinetes y bicicletas en la ciudad

La presidenta de la Asociación El Perenquén y el abogado Felipe Campos, cuya denuncia ha anulado la Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz. / María Pisaca
La Asociación El Perenquén, la entidad ciudadana que ha tumbado la nueva Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz de Tenerife, y su abogado, Felipe Campos, exigen al Ayuntamiento el desmantelamiento inmediato de la Red Ciclable que se está implantando en el centro de la ciudad, para bicicletas y patinetes, y de la Zona Peatonal Urban, también situada en el centro.
Asimismo, el letrado Felipe Campos amenaza con denunciar también ante la Justicia los contratos y obras que se están llevando a cabo para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pues, y según agrega, "el Consistorio no puede hacer nada hasta que no haya una ordenanza específica que regule estas restricciones al tráfico".
Ordenanza anulada
Éstos han celebrado este martes, 8 de abril, en una rueda de prensa, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) les haya dado la razón, anulando, tal y como lo adelantó EL DÍA el pasado 25 de marzo, la citada normativa municipal, que entró en vigor en febrero del año pasado y la cual regula todos los aspectos relacionados con el tráfico y la movilidad en Santa Cruz.
La normativa anulada sustituye a la ordenanza que fue aprobada en 1985 e introduce un nuevo modelo de movilidad en la ciudad, «más amable con el peatón», según lo ha destacado el Ayuntamiento en varias ocasiones. Sin embargo, el abogado Felipes Campos recuerda que la normativa de Tráfico de Santa Cruz ha sido anulada por la "ausencia de una memoria de análisis de impacto normativo", porque "limita los derechos de los ciudadanos".
Habrá recurso
La Corporación local chicharrera ha anunciado que recurrirá, ante el Tribunal Supremo, la sentencia del TSJC, que anula toda la Ordenanza de Movilidad. En este sentido, el abogado de la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén quiere dejar claro que, aunque la citada ordenanza continúe en vigor hasta que se conozca la decisión del Supremo, sí están suspendidos como medida cautelar, desde mayo del año pasado, cuando El Perenquén presentó el recurso, un total de cinco artículos .
En concreto, se encuentran suspendidos los artículos 6.1, 10.1, 20, 24 y 25. Según explica Campos, se trata de los artículos relacionados con las restricciones a la circulación; la limitación de velocidad y prohibición de aparcamiento por razones medioambientales o de salud pública, de seguridad o fluidez de la circulación; las Zonas de Prioridad Peatonal; los carriles bici y la Zona Urban. "Por ello, exigimos el desmantelamiento inmediato de la Zona Urban y de la Red Ciclable", ha manifestado el abogado en la rueda de prensa. Sobre la Red Ciclable, tanto Campos como Barrera se preguntan "a quién va dirigido este proyecto, ¿qué vecinos van a utilizar en Santa Cruz el patinete y la bicicleta?".
La presidenta de la Asociación El Perenquén, Silvia Barrera, recuerda que ésta es la segunda vez que dicha entidad ciudadana tumba la Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz de Tenerife. "Nuestra primera denuncia también se llevó al Supremo y ganamos. Hicieron una nueva normativa y el TSJC nos ha vuelto a dar la razón. Ahora solo falta saber qué dictará el Supremo. Todo esto ocurre porque elaboran una ordenanza sin contar con los vecinos, sin los comercios, sin los proveedores, sin los servicios afectados. Sólo pedimos que el Ayuntamiento haga las cosas bien".
Zona Urban
Barrera aprovecha para denunciar que los vecinos del centro de la ciudad llevan años sufriendo que "una empresa privada gestione la Zona Urban, decidiendo ésta cuándo un vecino puede acceder o no con su vehículo a su vivienda por la zona peatonal, levantando o no las pilonas". Al respecto, el abogado Felipe Campos apunta que la Zona Urban es ilegal, porque no existe ninguna ordenanza que la regule. Asimismo, comentan que tampoco se han ejecutado los tres parking que estaban previstos en la Zona Urban, "lo que mejoraría la movilidad en el centro".
Zona de Bajas Emisiones
En relación a la ZBE, con la que se establecerán restricciones al tráfico en el centro de la ciudad, Felipe Campos no sólo advierte de que el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz (formado por CC y PP), sin que exista una ordenanza que la regule, no puede adjudicar contratos para ejecutar su implantación, como los relacionados con la instalación de cámaras y sensores, sino que también anuncia que una vez que se apruebe la citada normativa, la llevará ante los tribunales. "Alegan que se debe implantar la ZBE por contaminación, cuando aquí no se supera ningún índice". Tanto el abogado, que recrimina a la oposición en el Consistorio (PSOE y Vox) que "no haga nada al respecto", como la presidenta de la Asociación El Perenquén denuncian que la ZBE "solo beneficia a los ricos, a los que tienen dinero para tener un coche eléctrico".
Ayuntamiento
Por su parte, la edil de Movilidad en el Ayuntamiento chicharrero, Evelyn Alonso (CC), ha manifestado al respecto que la intención de judicializar la vida política y la gestión municipal en estas materias por parte de una asociación de vecinos choca, directamente, con el modelo que persigue convertir a Santa Cruz en una ciudad del futuro, "donde la regulación del espacio público que es de todos, la disminución de la huella de carbono y la sostenibilidad sean los ejes donde queremos situarnos". Asimismo, la concejala recuerda, con respecto a la ZBE, que es la propia Europa la que exige su implantación en las ciudades de más del 50.000 habitantes.
"La estrategia de algunos, sustentada en el no a todo, primando exclusivamente la comodidad del derecho individual, sólo nos lleva a la Santa Cruz del pasado siglo XX, con la Ordenanza de Tráfico de 1985, a una ciudad que nada tiene que ver con la actual". Alonso también recuerda que el Ayuntamiento está preparando el recurso ante el Tribunal Supremo.
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