Santa Cruz exige el desalojo de los ‘okupas’ en un plazo de 24 horas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife exige al Estado que establezca las medidas necesarias para que se pueda proceder al desalojo de los okupas en un plazo de 24 horas.

El pleno del Consistorio chicharrero aprobó este viernes, 28 de marzo, una moción del Partido Popular (PP) con la que se insta al Gobierno de España, y a la Mesa del Congreso de los Diputados, a desbloquear la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal, remitida por el Senado el 20 de febrero de 2024. Realiza dicha petición para que ésta pueda someterse a debate y votación lo antes posible, y se puedan poner en funcionamiento medidas como el desalojo de los okupas en un plazo de 24 horas, el incremento las penas para quienes ocupan ilegalmente un inmueble o promuevan o faciliten la ocupación, o la nulidad de las inscripciones de ocupantes ilegales de viviendas en el padrón municipal.

Abusos

Asimismo, con la moción del PP en Santa Cruz, apoyada por su socio de Gobierno en el Ayuntamiento chicharrero, Coalición Canaria, por el grupo municipal Vox y por el edil no adscrito Juan Manuel Hermoso, la capital tinerfeña también acuerda rechazar y condenar la ocupación ilegal de viviendas y de cualquier propiedad privada, «reafirmando el compromiso con la protección del derecho constitucional a la propiedad privada, evitando abusos y garantizando la convivencia vecinal».

Ley de Vivienda

Además, el Consistorio capitalino insta al Gobierno de España a impulsar una reforma legal de la actual Ley de Vivienda, que permita recuperar con mayor rapidez las viviendas ocupadas ilegalmente, «sin renunciar a establecer medidas que protejan a las personas vulnerables que no tienen alternativa habitacional».

Un vecino de El Toscal relata la «pesadilla» que está sufriendo el barrio debido a la ocupación de casas

Juzgados especializados

Con esta moción, defendida por el portavoz del Partido Popular y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, que únicamente fue rechazada por el Partido Socialista, se insta también al Estado a habilitar juzgados especializados en ocupaciones ilegales, así como procedimientos alternativos «más rápidos, eficaces y accesibles para resolver estos conflictos, en coordinación con todas las administraciones públicas».

El Toscal

La defensa de esta moción, ayer en el pleno del Ayuntamiento, comenzó con la intervención de un vecino de El Toscal, Carlos Jiménez, quien relató la «pesadilla» que está sufriendo el barrio ante «la ocupación de viviendas por parte de delincuentes». «Estamos hablando de personas que nos amenazan , que bloquean nuestros vehículos, que atemorizan a los niños, que portan cuchillos. Ya se consiguió que abandonaran el Pasaje Ravina, pero ahora se encuentran en la calle de El Saludo. Vivimos con miedo y lo más grave de todo es que la ley protege al okupa, a los delincuentes, en lugar de a los ciudadanos. Tememos que algún día ocurra una desgracia de la que todos podamos lamentarlos, por no tomar las medidas necesarias para poner fin a este problema», manifestó el vecino.

Los vecinos de El Toscal siguen en pie de guerra contra los ‘okupas’

Policía

El portavoz del PP y concejal de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, indicó que se tiene que actuar de manera inmediata contra la ocupación ilegal, «facilitando las herramientas necesarias a la Policía Nacional y a los jueces para que pueda desalojar a los okupas en 24 horas».

Quinqui

Por su parte, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, aclaró que, en el establecimiento de estas medidas, se tiene que diferenciar entre el «quinqui que ocupa una vivienda de una patada y con un cuchillo en la mano» y la familia con hijos que se encuentra en situación de vulnerabilidad.