El consejero de Vivienda, dispuesto a comprar el edificio Alejandro, en Ofra

El consejero de Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, ve se mostró partidario de comprar el edificio Alejandro –sin cédula de habitabilidad y con seis familias okupas–, como planteó con una pregunta durante el pleno del Parlamento el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, haciéndose eco de la moción socialista que aprobaron los nacionalistas con una enmienda del propio regidor municipal.

En el texto original, el PSOE defendía que el ayuntamiento adquiriera el inmueble y Bermúdez condicionó su aprobación a que la petición se dirigiera al Gobierno canario, como ha ocurrido en las 358 viviendas de Añaza y las 17 de El Tablero. La enmienda que se desmarcó del discurso de la concejala del IMAS, Charín González –que propuso el voto en contra–, fue aceptada por la oposición socialista y salió para adelante con los dos votos en contra de Vox.

El alcalde Bermúdez ha hecho suya la propuesta a sabiendas de que «es un asunto complejo ya que no tiene cédula de habitabilidad y se alojan de manera irregular seis familias a las que el IMAS ha ofrecido las prestaciones, programas de vivienda y recursos alojativos de emergencia. Aseguró que se ha llegado «hasta donde podemos llegar con la ley en la mano porque las administraciones locales estamos de manos atadas ante asuntos tan complejos como el del edificio Alejandro».

Bermúdez y Hernández defienden la compra del edificio Alejandro donde viven seis familias ocupas

El consejero de Vivienda señaló que ante la emergencia habitacional en la que se encuentra Canarias es importante poder adquirir viviendas inacabadas para finalizarlas y ponerlas a disposición de las familias que lo necesitan. Es una política clave de este Gobierno por eso la empresa pública Visocan ha sacado un concurso recientemente para poder adquirir ese tipo de viviendas inacabadas.

Condiciones para la venta

Eso sí, la operación pasa porque los propietarios de los edificios estén en disposición de venderlo «al precio que establece la Administración: el del módulo básico canario». El consejero explicó que, en el caso del edificio Alejandro, nunca se ha ofertado la posibilidad de adquirirlo, «nunca ha existido expediente de compra de este edifico» y concluyó que tampoco se pueden mantener de manera irregular a las personas que habitan en dicho edificio, «si son demandantes de vivienda sí, pero si no lo cumplen debemos recordar que las viviendas públicas son para quien realmente lo necesita».

Sobre la okupación, Bermúdez explicó que se trata de un problema que, por desgracia, se vive en muchos municipios de las islas. «Es un problema que tiene una doble vertiente: el de la emergencia habitacional y la de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo que nos preocupa a los alcaldes, porque para nosotros no se trata de números ni de expedientes, sino de personas».