Los pisos en alquiler en Santa Cruz serían unos 380 euros más baratos si fuese declarada zona tensionada

Los pisos en alquiler en el municipio de Santa Cruz de Tenerife costarían unos 380 euros menos al mes, como media, si éste fuese declarado zona tensionada. En la capital chicharrera, los precios son casi un 40% más caros de lo que se establece en el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda para las zonas tensionadas, recientemente publicado por parte del Gobierno central. El Ayuntamiento chicharrero está estudiando la posibilidad de solicitar dicha declaración, que tendría que ser tramitada por la Comunidad Autónoma, aunque, y según aclaran fuentes municipales, aún "no hay ninguna postura fijada al respecto". Y es que en Santa Cruz prácticamente es imposible encontrar un piso de menos de 700 euros al mes. La elevada demanda de vivienda, la escasa oferta existente y el auge del alquiler vacacional en la ciudad ha provocado un desorbitado incremento de los precios del alquiler residencial.

De una muestra analizada, aleatoriamente, de diez ofertas de alquiler en Santa Cruz de Tenerife, en todos los casos los precios son superiores a los que deberían establecerse según el índice estatal, si este municipio fuese declarado zona tensionada. Según la Ley de Vivienda, una zona tensionada es aquella en la que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supera el 30% de la renta media de los hogares, o aquella en la que el precio ha aumentado al menos tres puntos por encima del IPC (Índice de Precios de Consumo) en los cinco años anteriores.

El Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, que ya está disponible a través del enlace https://serpavi.mivau.gob.es/, es una herramienta que ofrece un rango de valores de precios de alquiler de viviendas como referencia, a título orientativo, para la fijación de la renta en los nuevos contratos de arrendamiento, según explica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en su página web. "En las zonas de mercado residencial tensionado, declaradas de acuerdo con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, el valor superior del rango marcará el límite del precio de la renta en los nuevos contratos de alquiler de vivienda de grandes tenedores, así como en todos los nuevos contratos de alquiler de viviendas situadas en dichas zonas tensionadas, que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años".

En definitiva, este índice establece los precios máximos y mínimos por áreas geográficas, a los que debe alquilarse un inmueble en una zona determinada. La solicitud formal por parte de un ayuntamiento al Ministerio de Vivienda para declarar una zona tensionada debe realizarse a través de la comunidad autónoma correspondiente. Dicha solicitud debe ir acompañada de un conjunto de medidas para corregir los desequilibrios del mercado, a través de proyectos dirigidos a incrementar la oferta y la creación de un entorno fiscal favorable, mediante bonificaciones.

En Santa Cruz de Tenerife, en la mayoría de los anuncios analizados por EL DÍA, a través de un conocido portal de búsqueda de alquiler de viviendas, la diferencia entre lo que piden los propietarios de los pisos y lo que establece el índice estatal supera los 300 euros, si los precios se comparan con el máximo determinado por el Sistema del Gobierno central. Si la comparación se realiza con el precio mínimo establecido para cada caso, también en la mayoría de los anuncios la mensualidad exigida se duplica.

Es el caso por ejemplo de un inmueble situado en la calle Autillo, en Barranco Grande, en el Distrito Suroeste. Se pide por una vivienda de tres habitaciones, sin garaje, una renta de 800 euros al mes, mientras que el índice estatal establece una renta de referencia para este piso de entre 381 y 581 euros. Lo mismo ocurre para una vivienda situada en la avenida de Anaga, de una habitación y 50 metros cuadrados, con garaje incluido, para la que se piden 850 euros al mes. Sin embargo, el índice estatal determina un rango de entre 319 y 499 euros, por lo que el arrendador exige 351 euros más que el precio máximo y más del doble que el precio mínimo.

En algunos supuestos la diferencia se convierte en abismal. Es el caso, por ejemplo, de un inmueble situado en la calle Monteverde, en el centro del municipio chicharrero, de 61 metros cuadrados y dos habitaciones, para el que se pide una renta de 2.225 euros al mes, 1.546 euros más que el precio máximo que fija el Gobierno y 1.757 euros más que el precio mínimo, pues el rango se establece entre los 468 y los 679 euros. Lo mismo ocurre con un ático situado en la calle Bethencourt Afonso (San José), de 60 metros cuadrados y una habitación, por el que piden 1.500 euros, cuando el rango estatal se sitúa entre los 469 y los 683 euros.