La familia Gil Roldán reclama la propiedad cedida a la Diputación del Común

La familia Gil Roldán, propietaria que fuera de la casa que expropió el ayuntamiento de la década de los años sesenta para ampliar la calle Alfaro y que ahora se ha cedido como sede de la Diputación del Común, ha hecho saber que tiene abierto un segundo litigio por la titularidad de este inmueble que se localiza en el número 69 de la calle del Castillo.

El letrado de los afectados hace un repaso por el cambio de la titularidad para justificar la defensa de los intereses de sus clientes. La construcción se remonta a 1930, treinta años después el ayuntamiento la expropia a la familia Gil Roldán argumentando que procederá a la demolición para ampliar la calle Alfaro. Sin embargo, en 1980 queda afectada por protección dentro del casco histórico de Santa Cruz. En ese momento los primeros propietarios inician un procedimiento judicial para exigir ante los tribunales que se revierta el proceso de expropiación, ya que el motivo que justificó tal trámite no se lleva a efecto. Al contrario, no sólo no se demolerá la vivienda de dos plantas, sino que incluso se protege.

La casa de la familia Gil Roldán, de Librería Universal a Diputación del Común

Al cambiar el criterio, no se va a utilizar para ampliar la calle Alfaro, los promotores entienden que la propiedad debe revertir a su nombre. De ahí que hayan iniciado dos procedimientos judiciales que, por ahora, le han sido adversos. El primero, en la década de los años ochenta, cuando se declaró la protección y los primeros dueños entendieron que estaban en facultades para reclamar la restitución; con similar criterio, hace un año, cuando se enteraron de que la casa se iba a ceder a la Diputación del Común, interpusieron un nuevo recurso con una primera sentencia en su contra. En la actualidad, los promotores han presentado la correspondiente apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el letrado asegura que están dispuestos de llegar hasta el Supremo si así fuera necesario.

Criterios municipales

Fuentes de los servicios municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recuerdan que la Junta de Gobierno aprobó hace más de dos años la cesión de uso de esta construcción de dos plantas que se localiza en el número 69 de la calle del Castillo durante 50 años, garantizándose el retorno de la propiedad una vez expire dicho proceso, beneficiándose de las mejoras de rehabilitación que se realicen.

Las mismas fuentes recuerdan que la familia Gil Roldán perdió el primer pleito que interpuso en la década de los años ochenta porque, aunque argumentaba que se había cambiado el destino de la expropiación –no se iba a destinar para ampliar de la calle Alfaro–, dejó pasar el plazo para pedir que revirtiera la titularidad de la propiedad de la casa.

Los servicios jurídicos municipales garantizan que se mantiene el uso público del inmueble

Junto a este criterio, los servicios jurídicos municipales recuerdan que no se cambia en fin público de la expropiación; aunque no se destine a ampliar una vía servirá de uso para el servicio que presta una institución pública como la Diputación del Común.

«No se ha expropiado una construcción y ahora el ayuntamiento se va a lucrar porque en ese suelo se van a construir viviendas, sino que se garantiza el fin público», reiteran desde los servicios municipales.

Aun así, en el segundo pleito sobre esta causa ya juzgada en la década de los años ochenta, la primera sentencia le fue adversa, por lo que el letrado de la familia Gil Roldán ha presentado el correspondiente recurso hace a la segunda resolución dictada por los tribunales hace cuatro meses.

Cabe recordar que la gestión de la cesión de este inmueble ha sido coordinada por el que fuera hasta el pasado verano secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, y su participación ha sido decisiva para, junto al titular de la Diputación del Común, evitar que esta entidad que vela por la defensa de los intereses de los canarios tuviera una sede en el término municipal de La Laguna, uno de los ayuntamientos de Tenerife que puso un inmueble a disposición de la Diputación del Común para su inmediata puesta en marcha sin que fuera precisa obra alguna.

Visita al edificio cedido por Santa Cruz al Diputado del Común

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Aunque la cesión se presentó este miércoles, el acuerdo de la Junta de Gobierno se hizo efectivo hacer más de dos años. En este tiempo, la Diputación del Común, dependiente del Parlamento de Canarias, ha avanzado en el proyecto de rehabilitación, trabajo desarrollado la arquitecta Maribel Correa, autora de trabajos de tanta relevancia y espectacularidad como la Casa Elder –actual sede de la Mutua de Accidente de Canarias (MAC)– o la sede de la Unipol, entre otras construcciones.

Su apuesta por la defensa de la arquitectura canaria y realzar la belleza de los patios interiores, son algunas de sus señas de identidad. El proyecto ya está en marcha e incluso cuenta con presupuesto de ejecución, que asciende a una inversión de 1.144.000 euros. En la visita realizada el pasado miércoles al inmueble se anunció que estaba previsto que se adjudicara los trabajos el próximo año y se confiaba que fuera una realidad y estuviera ya en servicio en 2026. La propia arquitecta explicitó en la visita del miércoles que «las obras tendrán una duración de 18 meses y comenzarán a principios del próximo año.

«Hablamos de un edificio con casi cien años de existencia, que requiere de una importante inversión para poder adaptarlo a las necesidades de accesibilidad, equipamiento, eficiencia energética y servicios de un organismo público del siglo XXI, pero respetando también sus valores arquitectónicos originales», explicó el miércoles la presidenta del Parlamento de Canarias, Ástrid Pérez.

Hasta la fecha la Cámara autonómica no ha tomado determinación alguna sobre el futuro de los trabajos a la vista de que la titularidad se encuentra inmersa en un proceso judicial; «en cualquier caso es un pleito entre los dueños originales y el ayuntamiento», precisan las fuentes consultadas.