Inversiones Las Teresitas, condenada a pagar 27 millones por la venta de Las Huertas

La Audiencia Nacional ha ratificado la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) del año 2018 con la que se impuso a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), de Ignacio González, ya fallecido, y de Antonio Plasencia, ambos condenados por el caso Las Teresitas, el pago de una deuda de 27 millones de euros por la venta de Las Huertas. Esta operación se realizó en Santa Cruz en enero de 2006 con la entidad Desursic, por un importe 92,2 millones.

En concreto, la Audiencia ha desestimado el recursos presentado por ILT frente a la Administración del Estado, con respecto a la citada resolución del Tribunal Económico sobre el Impuesto de Sociedades del año 2006, confirmando esta última. Según se indica en la sentencia de la Audiencia Nacional, adelantada por la agencia EFE y a la que ha tenido acceso ELDÍA, en la citada operación se cometieron «diversas irregularidades», indicando que la misma «ha sido revestida de un ropaje jurídico que no le corresponde».

El procedimiento surge a raíz de una inspección realizada a Inversiones Las Teresitas por la AEAT(Agencia Estatal de Administración Tributaria) en 2011. El citado organismo dictó acuerdo de liquidación relativo al Impuesto de Sociedades de 2006 (año en el que se realizó la venta de Las Huertas), del que resultaba una deuda «a ingresar» de 27.502.578 euros, de los que 21,5 millones correspondían a cuota y 5,9 millones a intereses de demora. El citado acuerdo fue notificado el 5 de julio de 2012.

Según se explica en la sentencia, ILT obtuvo en 2006 un resultado contable de 69,4 millones de euros, incluido el gasto por Impuesto sobre Sociedades de 4,5 millones. «La principal partida determinante de este resultado la constituye el beneficio que resulta de la venta a Desursic (Desarrollos Urbanos), en fecha 11 de enero de 2006, de ocho parcelas en el barrio de San Andrés, en el sitio denominado Las Huertas», en la parte trasera de la playa de Las Teresitas. Las parcelas «figuraban en existencias en contabilidad» por un importe de 14,9 millones y la venta se efectuó por 92,2 millones, es decir, unos 77,5 más.

En la sentencia de la Audiencia se señala que esta venta constituye la práctica totalidad de los ingresos de la empresa Inversiones Las Teresitas, que consigna en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2006 un Importe Neto de Cifra de Negocios de algo más de 92,2 millones. «Para la determinación de la base imponible declarada, el obligado tributario se practicó una corrección del resultado contable de Reducción de la Base Imponible por Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) de 61,5 millones de euros».

Incumplimientos

La Administración del Estado ha apuntado que existen varios incumplimientos de los requisitos exigidos por la ley, entre los que se encuentran la distribución del beneficio obtenido con la venta (77 millones), con que se dotó la RIC, a los socios de la empresa, y el hecho de «no provenir el beneficio de 2006 de la realización de una actividad económica de la empresa, porque el obligado tributario añadió valor alguno a los terrenos vendidos». En la sentencia se recuerda que las labores inspectoras motivaron la imposición de una sanción por un importe de 26,9 millones de euros, «por una infracción tributaria muy grave».

«El contribuyente contabilizó una RIC por 61,5 millones y entregó a sus socios, en concepto de préstamos, 77,5 millones, que proceden de la venta de las parcelas". La Administración considera que existe simulación, "pues se trataba de un reparto de beneficios y no de un préstamo», ya que el dinero no ha vuelto a entrar en la sociedad. En definitiva, en la inspección se concluyó que ITL había repartido el beneficio entre sus socios, con el que se dotó la RIC, sin abonar impuestos, cuando, además, «no se realizaron actividades de promoción inmobiliaria y de compraventa de inmuebles».

Por su parte, ILT alegó que había prescrito el derecho de la Administración a liquidar la deuda; que sí se realizó una actividad económica, y que se devolvieron préstamos, motivos todos que rechazó el Tribunal Económico. Éste concluyó que los beneficios obtenidos de la RIC no provienen de actividad económica «real», sino de una simulación que buscaba repartirse entre los socios los 77 millones de beneficios de la venta de Las Huertas, indicando que se trataba de un crédito.

ILT pertenece a los empresarios Ignacio González, fallecido, y Antonio Plasencia, condenados por el caso Las Teresitas, en el que se investigó la operación de compraventa de la playa chicharrera realizada en 2001. Entre los condenados también se encuentran el exalcalde Miguel Zerolo y el exedil de Urbanismo Manuel Parejo.