El Gobierno canario, dispuesto a actuar de oficio para retirar el monumento a Franco de Santa Cruz

El Gobierno de Canarias está dispuesto a incoar de oficio el procedimiento para retirar los símbolos franquistas que aún existen en Santa Cruz de Tenerife, entre los que se encuentran el monumento a Franco de la avenida de Anaga, debido a que el Ayuntamiento chicharrero «aún no ha hecho nada al respecto». El viceconsejero de Patrimonio Cultural, Juan Márquez, anuncia a ELDÍA que el Ejecutivo ha consultado a su Servicios Jurídicos si es posible la intervención de la Comunidad Autónoma, por la vía de la subrogación, en caso de incumplimiento.

Márquez explica que la nueva Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, permite «a la administración pública competente», en el supuesto de que el ayuntamiento correspondiente, en este caso el de Santa Cruz de Tenerife, no retire o elimine los vestigios franquistas existentes en el municipio, «incoar de oficio, y de manera voluntaria, el procedimiento para la retirada de dichos elementos». «Lo que estamos consultando a nuestros Servicios Jurídicos es que si nosotros podemos actuar y retirarlos o si solo puede hacerlo el Estado», apunta el viceconsejero.

En noviembre del año pasado, el Gobierno canario aprobó, a través de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, el catálogo de vestigios franquistas de la capital tinerfeña, con el que se ordena la retirada de 79 símbolos «ilegales» que aún existen en Santa Cruz, como monumentos y calles. Entre éstos se encuentran el monumento a Franco de la avenida de Anaga, que «debe ser eliminado, ya que no es posible su resignificación», y los leones del Puente Serrador.

El Ayuntamiento mostró su rechazo a la aprobación de este documento, argumentando que el Ejecutivo canario debía «elaborar un catálogo a nivel regional y no de un único municipio, pues así lo establece la ley». El Consistorio anunció entonces, a través de este periódico, que recurriría dicho catálogo por la vía judicial, procedimiento que ya ha iniciado.

La capital inicia el recurso contra el catálogo aprobado por la Comunidad Autónoma

El viceconsejero de Patrimonio aclara que no hace falta un listado de símbolos para retirarlos

Sin embargo, para el viceconsejero de Patrimonio Cultural dicho recurso no tiene sentido, puesto que la Corporación local no necesita ningún catálogo para eliminar los símbolos franquistas de las calles del municipio, «pues ya la Ley de Memoria Histórica de 2007 establecía dicha obligación y así lo determina también la nueva Ley de Memoria Democrática».

«Lo que se hace con el catálogo aprobado por el Gobierno canario, a raíz de la ley regional de Memoria Histórica de 2018, es establecer un listado de los elementos que existen, por si el Ayuntamiento no se ha percatado de su existencia o no los ha visto. Además, el catálogo regional ha sido estructurado por municipios e islas, empezando por el Santa Cruz de Tenerife, pues parece la forma más idónea, desde el punto de vista de la eficacia y de la adecuada cooperación interadministrativa, para que las distintas administraciones públicas puedan adoptar las medidas pertinentes», explica Márquez.

De todas formas, añade el viceconsejero de Patrimonio Cultural, la Comunidad Autónoma ya está trabajando en los siguientes catálogos que serán aprobados, que corresponden a todas las capitales insulares. La previsión es que los documentos estén listos en el mes de marzo de este año.

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Márquez acusa al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (formado por CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) de intentar retrasar la eliminación de los vestigios franquistas en la capital chicharrera. «Pero la realidad es que no es necesario que presenten ningún recurso, porque los símbolos ya se pueden quitar, con o sin catálogo, y esto la ciudadanía debe saberlo. La verdad es que estoy bastante sorprendido por la forma de actuar del Consistorio. Es como si quisieran retrasar esto lo máximo posible de cara a las elecciones; creo que se equivocan al pensar que los chicharreros no quieren que estos vestigios desaparezcan», manifiesta el viceconsejero de Patrimonio.

Por otra parte, El Gobierno canario destaca que la nueva ley establece la creación de una Fiscalía para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional, de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado. Márquez apunta que también a través de esta Fiscalía se podrá actuar contra los incumplimientos por parte de las corporaciones locales.

Entre los vestigios que «deben ser retirados de forma definitiva» de las calles de Santa Cruz de Tenerife también se encuentran las placas del Instituto Nacional de la Vivienda o la lápida a los Caídos de Igueste de San Andrés. El monumento a los Caídos, en la plaza de España, podrá ser resignificado. En cuanto al cambio de las denominaciones, el catálogo incluye, además de vías, el Mercado Nuestra Señora de África.

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