Santa Cruz adjudica la investigación de su patrimonio por 209.000 euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz acordó ayer adjudicar a la empresa ATM Grupo Maggioli, por un importe de 209.000 euros, la depuración del inventario municipal de bienes y derechos del Consistorio. En concreto, se ha contratado un servicio de investigación, identificación, comprobación, revisión, actualización y valoración de todos los bienes que «estén o deban estar contenidos en el inventario del patrimonio municipal». La entidad adjudicataria tiene un plazo de dos años para realizar dicho trabajo.

La depuración jurídica del inventario del patrimonio del Ayuntamiento chicharrero incluye una investigación de todos los inmuebles de la capital que «se presuman de titularidad municipal», según ha explicado el edil de Infraestructuras, el nacionalista Dámaso Arteaga. Entre éstos se encuentran, por ejemplo, varios situados en la calle de La Noria. El Consistorio quiere recuperar todas aquellas propiedades «cuya titularidad o posesión haya sido perturbada, cualquiera que haya sido su forma de adquisición».

La intención del Ayuntamiento es que, una vez depurado el inventario, se lleve a cabo un plan estratégico de gestión patrimonial, que incluirá también un plan de sedes, con el objetivo de convertir los bienes municipales, en concreto, inmuebles y solares , en una fuente de ingreso para la Corporación local, bien a través del alquiler, la subasta o la venta de los mismos.

El Ayuntamiento tiene constancia de que existen bienes municipales que están ocupados en la actualidad por personas o por negocios. En algunos casos hay ocupas; otros fueron expropiados en su momento y sus antiguos propietarios siguen en ellos;otros han sido alquilados a otras personas o negocios; y otros inmuebles ni siquiera han sido registrados. Arteaga explica que esta revisión permitirá al Ayuntamiento recuperar aquellos bienes que realmente sean de titularidad municipal. «También nos permitirá corregir errores que se hayan cometido».

Esta depuración jurídica, contratada por el Consistorio, incluye la inscripción en el registro de la propiedad de los bienes municipales que en la actualidad no se encuentren registrados, «lo que permite contar con una garantía frente a terceros y, por otro lado, permite acceder a fuentes de financiación externa vía subvención pública, como por ejemplo, ayudas para la rehabilitación del patrimonio». Toda la información obtenida se «enlazará a través del sistema informático municipal para poder gestionar nuestro patrimonio de una manera eficiente».

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