El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso de Sacyr Construcción SA en el que solicitaba que se le abonara tres millones más sobre el presupuesto estimado para ejecutar las obras de emergencia en los barrancos de El Cercado y Las Huertas y un viario provisional.

La empresa calcula que el coste final de las actuaciones llevadas a cabo en 2017 alcanzan 4,5 millones de euros, mientras que inicialmente se había presupuestado 2,5 millones y la compañía se comprometió a ejecutarlas por 1,5.

Por ello reclamó al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) que le pague la diferencia, más intereses junto con la devolución de los avales y garantías. De lo contrario la empresa cree que se podría incurrir en un "enriquecimiento injusto de la administración".

Las obras se ejecutaron por la vía de emergencia después de que en octubre de 2014 tuviera lugar una tormenta con lluvias de intensidad extrema en el barrio de San Andrés. La consecuencia fue que se desbordaron ambos barrancos, se inundaron las vías, viviendas y locales, se produjeron daños materiales y destrozos en varias infraestructuras. Entre ellas el antiguo edificio de aparcamientos conocido como mamotreto, ya derribado por orden judicial y que quedó totalmente inundado por las precipitaciones.

En el mes de diciembre de 2014 se aprobó el pliego de condiciones técnicas particulares para encargar la redacción del proyecto previo a las obras que costó 34.200 euros; en marzo de 2015 el CIATF autorizó las actuaciones y acto seguido invitó a cinco empresas que consideraba de probada capacidad técnica y económica para presentar sus ofertas.

En aquel entonces el presupuesto, según el proyecto técnico, ascendía a casi 2,5 millones de euros pero Sacyr se comprometió a ejecutarlas en 1,5. millones de euros y aunque desde el principio el CIATF consideró que esta oferta era "desproporcionadamente reducida", la constructora justificó técnicamente el coste y la razón de porqué podían hacer la obra por esa cantidad, recuerda el auto judicial.

La justificación de la adjudicataria fue que en esos momentos se encontraba ejecutando, en un emplazamiento muy cercano las obras del dique de protección de la Avenida de San Andrés, lo que disminuía los gastos para llevar a cabo las obras en los barrancos.

Pero dos años más tarde Sacyr pidió la nulidad del contrato de redacción del proyecto técnico y las obras alegando diversos daños y perjuicios derivados de su ejecución.

Sin embargo, el TSJC indica ahora que la empresa era consciente de que la adjudicación suponía un acto firme y consentido y que el recurso no se presentó en tiempo y forma.

"Ejecutada las obras y abonado su precio, pretende la actora que se declare la nulidad del contrato pese a que les fue adjudicado tras presentar una oferta económica muy inferior al precio que figuraba en el presupuesto", señala el auto judicial.

El TSJC sostiene que en realidad la compañía está intentando llevar a cabo una revisión de oficio para cobrar las cantidades reclamadas, lo que el Tribunal considera "una actuación contradictoria e incompatible, contraria a la buena fe".

El TSJC también llama la atención al hecho de que la reclamación se presente más de dos años después de firmar los contratos, momento en el que "no cabe apreciar que ignorase las condiciones que concurrieron" en la adjudicación ni que podría presentar entonces los recursos oportunos.

En el mes de enero de este año, el Juzgado de lo Contencioso desestimó también el recurso de la empresa presentado en julio de 2017.