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Las 17 familias de El Tablero seguirán en sus viviendas si abonan un alquiler

Acuerdo con Visocan durante los próximos tres años para demostrar el compromiso de pago

Algunas de las familias que viven en el número 42 de la subida de El Tablero. María Pisaca

Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) –dependiente del Gobierno autonómico– y las diecisiete familias amenazadas por desahucios por la ocupación de las casas del número 42 de la carretera de subida a El Tablero, en el distrito Suroeste de la capital, han llegado a un acuerdo que garantiza la continuidad en sus domicilios a cambio de que sus actuales moradores abonen un alquiler que se fijará en función de las condiciones económicas que se adaptarán a cada unidad familiar.

En el acuerdo se establece un primer período de tres años en el que, gracias a la negociación mantenida entre Visocan y los dos fondos inmobiliarios titulares del edificio, se garantiza que no se llevarán a cabo desahucios a cambio de que los residentes regularicen su situación y demuestre su voluntad de abonar el alquiler que se negocie en cada caso.

En función del grado de cumplimiento de este compromiso, que deberá demostrar los próximos tres años, Visocan comprará el inmueble a los fondos inmobiliario para garantizar el régimen de alquiler a los actuales moradores en un contrato que se ampliará conforme a los plazos que estipule la ley, tal y como ocurre en otro tipo de promociones públicas.

Este acuerdo fue alcanzado hace tres semanas a tres bandas –Visocan, los fondos inmobiliarios y las familias– después de un año y medio de negociaciones llevadas a cabo desde la empresa de titularidad del Gobierno de Canarias, bajo la dirección general de Víctor González, departamento que ha actuado como interlocutor entre las partes y que ha fijado las condiciones con las diecisiete familias afectados como requisito previo a la adquisición del inmueble. De ahí que desde Visocan se considere requisito fundamental que los residentes en los inmuebles del número 42 de El Tablero demuestren su compromiso para abonar los alquileres, como paso previo a la adquisición de los pisos que realizará la referida empresa de titularidad del Gobierno canario, que se establece dentro de tres años.

La solución negociada entre Visocan y los fondos inmobiliarios ya ha sido comunicada a los interlocutores de los residentes de El Tablero, que han mostrado su aprobación a esta solución; resta ahora una reunión con los propios vecinos para ahondar en los detalles y reiterar la necesidad de que se cumpla el compromiso de abono como condición fundamental para mantener sus viviendas después de estos primeros tres años, período en el que los dueños de los inmuebles se comprometen a no ejecutar los desahucios.

Visocan ha negociado durante un año y medio la solución que permitirá regularizar cada caso

Fuentes de Visocan explicaron que durante este año y medio que ha durado la negociación con los fondos inmobiliarios se han realizado los estudios de viabilidad de cada una de las familias, lo que ha facilitado conocer en cada caso las condiciones económicas que se fijarán para adaptar el alquiler a cambio de paralizar el lanzamiento de las viviendas siempre que se garantice el abono de los alquileres que se adaptarán a las condiciones de cada uno de los vecinos del número 42 de El Tablero.

Un portavoz de las familias confirmó la negociación desarrollada desde Visocan para regularizar en los próximos tres años la situación, para precisar que en la actualidad solo se está a la espera de la reunión con todos los afectados del referido inmueble del distrito del Suroeste para determinar en cada caso la cuantía de los alquileres. El mismo representante reconoció la buena predisposición de todos los afectados en avanzar en este procedimiento que les garantiza salir de la situación de interinidad provocada por la ocupación de estos pisos bajo la amenaza del desahucio, fórmula que pasa por el abono del alquiler según la capacidad económica de cada uno de los afectados.

La ocupación del número 42 de la carretera de subida a El Tablero comenzó hace casi nueve años. Se da la circunstancia de que incluso algunos de los inquilinos mantenían el contrato de alquiler que habían suscrito con la promotora que finalmente entregó el inmueble a una entidad bancaria al no poder hacer frente a sus compromisos económicos. A partir de ahí, los pisos pasaron a dos fondos buitres, lo que complicó la situación de aquellos que tenían contrato de alquiler y no se les renovó, a los que se sumaron familias que ocuparon estas viviendas.

Decreto de suspensión

Coincidiendo con el inicio de la pandemia, el Gobierno central dictó un decreto de alarma que ordenaba suspender los desahucios a las familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad provocada por el Covid-19. Ya en ese momento se habían iniciado algunos expedientes de lanzamiento, que se paralizaron, pero se unieron nuevos procedimientos que han amenazado en los tres últimos años a las familias, lo que incluso los llevó a movilizarse y protagonizar una acampada reivindicativa que se desarrolló en la plaza de La Candelaria y luego ante la sede de Presidencia, lugares donde se alternó en diferentes momentos.

Finalmente se ha impuesto la vía negociada con Visocan para la búsqueda de una salida negociada para los afectados, un proceso que se ha desarrollado en el último año y medio, tiempo en el que los interlocutores de la sociedad dependiente del Gobierno canario han centrado los esfuerzos por llegar a un acuerdo con los fondos inmobiliarios que garanticen, en primer lugar, la paralización de los lanzamientos –como así ha ocurrido–, y ahora la regularización de la situación de las familias. Serán tres años decisivos para demostrar el compromiso adquirido.

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