Santa Cruz «está llena de vallas» por el riesgo de caída de cascotes de edificios. Así lo denuncian los partidos de la oposición en el Ayuntamiento (PSOE, UP y la concejala de Cs Matilde Zambudio). Y el propio edil de Urbanismo, Guillermo Díaz Guerra, del PP, admite que la capital se está convirtiendo en «una ciudad vieja». Éste informa de que, en la actualidad y contabilizando los procedimientos registrados desde 2007, en la Gerencia de Urbanismo hay 656 expedientes abiertos relacionados con inmuebles en mal estado, «algunos de los cuales corresponden a propiedades del Consistorio».
En concreto, los expedientes por caída de cascotes o material en fachadas, iniciados desde 2007 y hasta ahora, alcanzan la cifra de 769. De éstos, 346 se mantienen activos y 423 ya están cerrados. Un total de 240 expedientes fueron resueltos favorablemente. En 2021, se iniciaron 41 casos, de los que siguen abiertos 27. Durante este año ya se han registrado 55 casos por caída de cascotes, de los que siguen activos 48.
Con respecto a los expedientes de declaración legal de estado de ruina urbanística, se contabilizan, desde 2008, un total de 67 expedientes, de los que 40 aún están abiertos. También existen expedientes de ruina inminente; expedientes con afecciones en elementos estructurales; de falta de mantenimiento de las edificaciones, como humedades, filtraciones y pérdida de condiciones de salubridad; de falta de mantenimiento de fachadas; de restos constructivos ruinosos en solares, y de solares en malas condiciones.
El edil de Urbanismo aportó estos datos en la Comisión de Control celebrada ayer, a raíz de la comparecencia solicitada por Unidas Podemos para que informase respecto al control de edificaciones en mal estado en el municipio. Díaz señaló que es cierto que «muchos inmuebles de Santa Cruz se encuentran en fase de obsolescencia», pero, añadió, «ésta es una problemática para la que debemos buscar solución entre todos».
En este sentido, el también primer teniente de alcalde indicó que la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz estudiará la implantación de algunas medidas nuevas, como, por ejemplo, la posibilidad de establecer bonificaciones fiscales para aquellas inversiones que se realicen en materia de mantenimiento de edificaciones.
Asimismo, Guillermo Díaz Guerra anunció que se creará la figura de los «agentes inspectores», con el fin de ejercer un mayor control sobre esta problemática, y «se simplificarán los procedimientos en las resoluciones de Urbanismo, para que los propietarios cumplan las órdenes dadas por el Ayuntamiento lo antes posible, en cuanto a medidas de seguridad en inmuebles, y para poder multarlos en el caso de que las ignoren».
El concejal de Urbanismo recuerda que, actualmente, estos procedimientos incluyen distintos pasos, que se pueden prolongar durante varios años, entre los que se encuentran la localización de los propietarios del inmueble en cuestión; la notificación de la orden de ejecución, en la que se exige al dueño del edificio en mal estado que adopte medidas de seguridad y que ejecute las obras necesarias para garantizar su mantenimiento; el inicio de un procedimiento sancionador; y la imposición de multas coercitivas.
El objetivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz es que todos esos pasos se unan en un solo procedimiento, que «incluye la orden de ejecución, el inicio del expediente sancionador y las multas coercitivas».
Cuando se realizan todo los pasos nombrados con anterioridad y, aún así, el propietario del inmueble no toma medidas, entonces es el Ayuntamiento el que actúa a través de la «ejecución subsidiaria». «Nos vemos obligados en los casos más peligrosos, y en aquellos en los que no se localizan a los titulares o éstos no tienen recursos, a ordenar la ejecución subsidiaria, generándose el expediente correspondiente en el servicio de compras y contratación», explica Díaz. Desde 2018, se han iniciado en Urbanismo 76 expedientes de «contratos menores» relacionados con ejecuciones subsidiarias, de los que 46 siguen activos.
Eso sí, el concejal aclara que el coste de las obras será reclamado a los propietarios. «Y si el inmueble es expropiado o traspasado, el Consistorio tiene derecho a recuperar ese dinero».
La edil de UP Dolores Espinosa manifestó que Santa Cruz se ha convertido en una «yincana», por la cantidad de vallas «repartidas por sus calles para proteger a los ciudadanos de la caída de cascotes de inmuebles en mal estado». Indicó que los datos facilitados por el responsable de Urbanismo «son muy preocupantes», por lo que, agregó, «hay que tomar medidas».
En el mismo sentido se manifestó el edil socialista José Ángel Martín, quien lamentó que de todos los expedientes que se han iniciado desde 2007, «solo se haya resuelto el 31%». Instó al Ayuntamiento a realizar un diagnóstico del estado de la edificación del municipio y a poner en marcha líneas de subvenciones para ayudar a los ciudadanos a mantener en un buen estado los inmuebles. Por su parte, la edil de Cs Matilde Zambudio insistió en la necesidad de encontrar soluciones.
En relación a los inmuebles municipales para los que también Urbanismo ha abierto un expediente, que han sido remitidos a la Concejalía de Patrimonio, el edil responsable de esta área, el nacionalista Juan José Martínez, recuerda que el Ayuntamiento destina al año en mantenimiento de edificios más de 3 millones al año.
