Los parking públicos de Santa Cruz podrían enfrentarse a elevadas sanciones, a procedimientos judiciales e, incluso, a la pérdida de la concesión otorgada en su momento por el Ayuntamiento, «si no reducen ya las tarifas». El área de Servicios Públicos, que dirige el edil Carlos Tarife (PP), da un ultimátum a las empresas adjudicatarias, advirtiendo que «se llegará hasta el final en este asunto». Ya se han emitido las dos primeras órdenes definitivas de los siete aparcamientos inspeccionados, que corresponden, en concreto, a los de la Plaza Weyler y Puente Serrador. En ambos casos, el Consistorio rechaza las alegaciones presentadas por los concesionarios y les da un «último» plazo de un mes para bajar los precios.

Las órdenes definitivas de ejecución para el resto de estacionamientos inspeccionados (Plaza de España, Ramón y Cajal, zona del Estadio, Puerto Escondido y Tomé Cano) se firmarán en las próximas semanas y, según adelantan fuentes del área de Servicios Públicos, las resoluciones se dictarán en la misma línea que estas dos primeras. En éstas, el Ayuntamiento sigue exigiendo que se reduzcan las tarifas que se cobran a los ciudadanos, cuyo incremento califica de «desproporcionado» e «injustificado», asegurando, además, que «éste contiene irregularidades». Asimismo, reclama a la mayoría de los concesionarios deudas en relación al canon que deben abonar por la explotación de los aparcamientos.

Emitidas las dos primeras órdenes definitivas, las del ‘parking’ de Weyler y del Puente Serrador

El Consistorio da un último plazo de un mes para solucionar el «injustificado» incremento de precio

Los concesionarios alegan desequilibrio económico y pérdidas por la pandemia del Covid

A raíz de la inspección llevada a cabo en los siete parking públicos del municipio, en 2019, Servicios Públicos detectó «incumplimientos» relacionados con las tarifas, «pues en todos los casos se estaba cobrando más de lo establecido en el contrato», y con el canon que las empresas adjudicatarias deben pagar al Ayuntamiento. Los técnicos municipales fueron emitiendo, por separado y en diferentes fechas, las propuestas de acuerdo para que se corrigieran los incumplimientos. El primer informe fue el dirigido al estacionamiento del Puente Serrador, en abril de este año, y el último, el de la Plaza de España, en junio.

En todas las resoluciones se dio un mes a los parking para que rebajaran las tarifas, cada uno en un porcentaje diferente, en función de los aumentos que se habían producido, y para que abonasen el canon pendiente. Pero todos los concesionarios presentaron alegaciones. Tras analizarlas, el Consistorio ha comenzado a emitir las órdenes definitivas, empezando por Weyler y el Puente Serrador, en las que se rechaza lo argumentado por las empresas y en las que se vuelve a dar, y ya es el último, un mes para bajar los precios.

«Sin este plazo no cumplen con lo ordenando, entonces iniciaremos expedientes sancionadores e, incluso, no descartamos acudir al juzgado para solicitar medidas cautelares. Además, también podríamos llegar al rescate de la concesión otorgada en su momento por el Ayuntamiento para la explotación del aparcamiento, en el caso de que los incumplimientos sean muy graves. La vía administrativa ya ha finalizado, pues han presentado alegaciones y éstas han sido contestadas. Ahora solo queda que nos hagan caso. Ya tenemos éstas primeras dos órdenes y en breve se irán dictando las siguientes», ha explicado Tarife.

«Llegaremos hasta el final en este asunto, incluso, con el rescate de concesiones»

Los concesionarios han alegado, entre otras cuestiones, desequilibrio económico del contrato, debido al cambio normativo que se produjo en su momento para cobrar a los ciudadanos por minutos y no por horas, de manera que éstos pagasen por las fracciones de tiempo «efectivamente disfrutadas». Sin embargo, Servicios Públicos explica que esta obligación legal «no implica la ruptura del equilibrio económico de la concesión, pues simplemente puede ser concebida como una frustración de expectativas de beneficio».

Asimismo, han alegado pérdidas por la pandemia del Covid, motivo que el Ayuntamiento también ha rechazado, y han calificado de «sorpresivo» el procedimiento llevado a cabo por el Consistorio, a lo que éste ha respondido que las empresas conocían en todo momento los expedientes. Con respecto al canon, en la mayoría de los casos, se admite que se ha producido un error en el cálculo. Servicios Públicos es contundente en su informes definitivos, «deben ajustar las tarifas a lo establecido en el contrato y deben pagar la deuda pendiente».

Plaza Weyler. Debe reducir su tarifa un 55,6%, pasando de 2,3 euros la hora (0,031 euros el minuto) a 1,5 euros (0,025 euros el minuto). Se le reclama una deuda de más de 7.100 euros.

Puente Serrador. Debe reducir su tarifa un 66,4%, pasando de 1,9 euros la hora (0,032 euros el minuto) a 1,1 euros (0,019 el minuto). Se le reclama una deuda de casi 50.000 euros.

Zona del Estadio. Debe bajar su tarifa un 16,6%, de 1,40 a 1,20 euros la hora. El Consistorio le reclama una deuda de 46.578 euros.

Puerto Escondido. Debe aplicarse una rebaja del 54%, pasando de 1,95 a 1,26 euros. Este precio solo se cobra durante la primera hora. La tarifa en el resto de horas oscila entre los 1,30 y 1,35 euros, pero también es superior a la máxima permitida. En este caso, es el Ayuntamiento el que tiene que devolver 400 euros a la empresa.

Tomé Cano. El precio debe reducirse un 30%, pasando de 3,1 a 2,3 euros. El Consistorio le reclama una deuda de 38.710 euros

Ramón y Cajal. La tarifa debe bajar un 46,3%, pasando de 2,2 a 1,53 euros. El canon lo tiene al día.

Plaza de España. La tarifa debe bajar un 38%, de 2,1 a 1,5 euros. Se le reclama 20.640 euros.