El Gobierno de Canarias prevé finalizar este año la «compleja» tramitación administrativa del proyecto de la Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife, que se ubicará en Cabo Llanos, y licitar en 2023 la ejecución de las obras.
Así lo anunció ayer la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo canario, Carla Vallejo, durante la presentación de este proyecto a la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien lo calificó de «valiente» y necesario para que la capital tinerfeña cuente con unas instalaciones judiciales adecuadas, que «además proporcionará a la ciudadanía espacios verdes en una zona hoy desaprovechada».
La ministra confía en que esta «importante» actuación se convierta en realidad lo antes posible, para lo que solicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz, «y al resto de administraciones implicadas», el impulso necesario para acelerar los trámites del procedimiento administrativo del expediente.
Señaló que se debe aprovechar esta oportunidad para «demostrar que las administraciones judiciales también son elementos básicos para los ciudades y sus ciudadanos». Asimismo, comentó que este proyecto «viene en un momento importante y oportuno, porque estamos trabajando en toda la reforma del modelo judicial».
En la actualidad, y según explicó la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, el proyecto del también denominado Edificio o Palacio Judicial se encuentra inmerso en un «complejo procedimiento administrativo», que no es otro que la adaptación al planeamiento de la ciudad, y en concreto, de la zona chicharrera de Cabo Llanos. Aún así, añadió Carla Vallejo, «se va avanzando, por lo que esperamos que dicho proceso culmine este mismo año».
Para el Gobierno de Canarias, el de la Ciudad de la Justicia en la capital chicharrera es el proyecto más ambicioso que «tenemos», junto a la transformación digital, en materia de justicia. «Con dicha actuación pretendemos que Santa Cruz, la Isla, la provincia y Canarias en general, tengan las instalaciones judiciales que se merecen y que, además, la capital tinerfeña cuente con una zona de espacios verdes, dotada de todos los servicios públicos necesarios», afirmó Carla Vallejo.
Con respecto al trámite administrativo del proyecto, que también afecta al soterramiento de vías en la zona, la viceconsejera apuntó que ya se han recibido las alegaciones de todas las administraciones implicadas, como el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife. Por lo tanto, el Ejecutivo estudia actualmente dichas alegaciones y una vez que éstas sean contestadas, «se elaborará un documento avance que será aprobado por el Gobierno».
Vallejo admitió que la ejecución de las obras de la futura Ciudad de la Justicia se prolongará durante varios años. Por ello, añadió, «estamos negociando la compra con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del edificio Auditorio, situado en Cabo Llanos, para albergar en él, a corto plazo, pues estaríamos hablando de un año y medio, algunos juzgados».
El proyecto de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, que se situará frente a la avenida Marítima y en el entorno del Corte Inglés, incluye numerosas zonas verdes, corredores peatonales, una gran plaza y dos edificios, que concentrarán los órganos judiciales que en la actualidad se encuentran dispersos por Santa Cruz y en La Laguna, como la Sede Judicial Social, el Instituto de Medicina Legal o el Tribunal Superior de Justicia.
El PP exige la dimisión de Pestana
El portavoz del PP en Santa Cruz, Carlos Tarife, exige la dimisión del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, por no contar con el Ayuntamiento para presentar el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos a la ministra de Justicia, Pilar Llop. El también edil de Servicios Públicos indica que Santa Cruz está cansada ya del ataque sistemático de las instituciones gobernadas por el PSOE a la ciudad.
«Pestana ha permitido que venga la ministra de Justicia para presentarle un proyecto, en el que este Ayuntamiento, y sobre todo Urbanismo, tiene mucho que decir, dándonos la espalda». Para Tarife, ya «se han rebosado ciertos vasos con la actitud de los socialistas». «No se puede permitir que un delegado del Gobierno, sin la más mínima ética y respeto institucional, autorice a que pise un municipio de Canarias un alto cargo del Estado sin ni siquiera avisar a su alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), ni al resto de la Corporación».
