La modificación menor del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Anaga hecha pública el pasado 7 de junio ha caído como un jarro de agua fría entre los vecinos y asociaciones de la zona, que exigen al Servicio Administrativo de Planificación Territorial y Proyectos Estratégicos del Cabildo que garantice su derecho al acceso a sus fincas para poder continuar con la práctica agrícola y ganadera, y con la actividad cinegética.
El origen de la polémica se refiere a la modificación de artículo 42 que regula los usos y las actividades prohibidas. En la nueva redacción se hace constar que con la modificación se pretende prohibir, con carácter general, transitar a pie fuera de senderos y pistas, solventando la ausencia de regulación específica sobre este aspecto en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) vigente del Parque Rural de Anaga. Con la prohibición del tránsito a pie campo a través se mitigan los daños que esta actividad causa sobre la vegetación, el suelo, las condiciones de sosiego de la fauna... afectando a la conservación.
Esta redacción a suscitado la preocupación de los vecinos de Anaga, que alerta que en el deseo del Parque Rural de restringir actividades deportivas, el uso de la bicicleta o la presencia masiva de visitantes, se olvidan de los residentes en la zona. Por ello, desde que salió a exposición pública esta modificación menor del Plan Rector, los afectados, junto a las asociaciones, ya se han movilizado para presentar las correspondientes alegaciones antes del 20 de agosto, cuando expira el plazo.
En el texto de la referida alegación, los residentes de Anaga recuerda que «la redacción (de la modificación) va contra los títulos de dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad. La jurisprudencia ha manifestado que toda propiedad se presume libre mientras no se pruebe lo contrario y la servidumbre de paso, como discontinua que es, sólo puede adquirirse mediante título, reconocimiento del dueño del predio sirviente, por sentencia firme o por destino del padre de familia. Además, no podrá cancelarse una servidumbre sin le consentimiento del titular o resolución judicial aunque se demuestre haber perdido su utilidad fuera de lo casos en que se haya previsto en el título y se acredite la inutilidad».
Los vecinos de Anaga se presentan si la modificación menor del PRUG del Parque Rural de Anaga afecta por igual a todos los caminos, senderos, serventías públicas o privadas, pasos y demás terrenos que se tienen que atravesar, cruzar, o pasar para llegar a cualquier propiedad privada, para ahondar incluso en la indefensión en la que deja la ambigua redacción de la norma a los agentes de la autoridad o guardas forestales. También echan de menos que en los motivos que permite el tránsito no se recoja precisamente lo que más afecta a los vecinos y propietarios de las fincas de Anaga, como son las actividades propias de la agricultura, ganadería o cinegética, y sí asuntos vinculados con la «gestión, conservación, investigación, seguridad y situaciones de emergencias».
La alegación que ya han secundado decenas de vecinos y asociaciones de Anaga advierte de que la propuesta incurre en una contradicción e incluso obstaculiza los objetivos que se fija el propio PRUG del Parque Rural de Anaga cuando habla de la conservación del medio natural y paisajístico de Anaga, pero limita el acceso a las fincas a sus titulares.
Los residentes no se oponen a los nuevos objetivos del PRUG para controlar el paso o tránsito de miles de ciudadanos y visitantes para salvaguardar este entorno. Y hasta califican esta modificación menor de «una herramienta acorde con estos objetos». Eso sí, insisten en que «no puede socavar los derechos de los propietarios de esta zona geográfica y mucho menos restringir, obstaculizar e impedir el desarrollo de sus actividades tradicionales –agrícolas, ganaderas o cinegéticas– en detrimento de una medida concreta de conservación, ya que su estricta aplicación e interpretación, desde la ambigua redacción, «impediría lograr larte de los fines que se establecen desde el propio Parque Rural de Anaga».
Las alternativas vecinales
Para los firmantes de la alegación, la solución para garantizar el tránsito de los propietarios de los terrenos de Anaga vinculados a la actividad agrícola y ganadera pasa por suprimir el apartado 35 del artículo 42 que se refiere a los usos y actividades prohibidas.
En caso de que el Servicio Administrativo de Planificación y Proyectos Estratégicos del Cabildo no suprima esta redacción, los firmantes de la alegación solicita que se incluya en el texto las excepciones que garanticen el tránsito fuera de sendero o pista existente para quienes desarrollan actividades agrícolas, ganaderas y cinegéticas, así como el acceso a los privados titulares de los terrenos del Parque Rural de Anaga.
Mejora para Paiba y El Cresal
En la modificación menor del PRUG se incluye también el reconocimiento de Paiba y El Cresal, en la parte alta del barranco de El Cercado (San Andrés), que pasará de zona de uso moderado a zona de uso tradicional, manteniendo la categoría de suelo rústico de protección agraria. ¿En qué se traduce este cambio de forma práctica?
Los vecinos de ambas zonas habían podrán acceder a demandar servicios básicos como agua y luz para sus producciones agrícolas y ganaderas, una demandan que incluso cuenta con el respaldo del pleno del Ayuntamiento a instancias de una moción presentada por el grupo municipal socialista.
En el particular de El Cresal se hace constar que los terrenos están en explotación y acondicionados desde 2006, cuando se aprobó la anterior revisión del PRUG. En el caso de Paiba, también se acredita que los terrenos estaban mayoritariamente acondicionados. Esta zonificación salva una vieja aspiración de los vecinos.
