Elite Taxi celebró en la tarde de ayer el primer debate preelectoral a diez meses vista de los comicios municipales del próximo mes de mayo. Aprovechando la asamblea general que ratificó a Miguel Ojeda y a su directiva, la asociación mayoritaria en el sector demostró su poder de convocatoria al reunir en la sala Alisios, en los bajos del Auditorio de Tenerife, al concejal de Movilidad de Santa Cruz, el nacionalista Dámaso Arteaga, y a los portavoces de los cuatro partidos con representación municipal –Carlos Tarife, del PP; Matilde Zambudio, del Ciudadanos; Ramón Trujillo, de Podemos, y Patricia Hernández, del PSOE– para robarles el compromiso de que el plan de rescate de licencias se mantendrá tras las elecciones con independencia de quien gobierne.
Los cinco portavoces coinciden en la radiografía, que se traduce en que la capital tiene mucho taxi y los profesionales del sector no tienen margen para garantizarse unos ingresos suficientes sin necesidad de invertir más de una docena de horas; y eso trabajando al 50%, ya que se mantiene la alternancia entre matrículas pares e impares.
El mal del taxis se remonta a junio de 2007, cuando se puso en servicio el tranvía, lo que hizo temblar las estructuras del sector del taxi, que llegó a tener 1.086 licencias porque hasta ese momento era el único transporte que garantizaba la cobertura. A partir de ahí se activó plan de rescate que, además de eternizarse, ha finalizado con el rescate de licencias, hasta las actuales 733.
Un último informe sobre la ratio que corresponde a Santa Cruz incide en que hay que avanzar en esa línea, hasta alicatar las licencias hasta las 580. Para retirar de la calle esos 150 permisos municipales, la clave pasa por la aportación del Cabildo, que costee al menos la mitad de los seis millones que costará esta operación prevista en 4 años. Arteaga admitió que, a falta de establecer la nueva valoración del precio para rescatar la licencia, el Cabildo ha mostrado su disposición contribuir en afrontar este coste, que es el resultado del abono de 40.000 euros a cada una de las 150 licencias a retirar.
Arteaga, que dijo haber tutelado el rescate –desde la primera licencia a la última– confía en continuar la retirada en 2023, mientras que Ramón Trujillo (Podemos) exigió al Cabildo que se moje por «corresponsabilidad» al haber impulsado el tranvía. Carlos Tarife, del PP, que recordó su condición de nieto de taxista, garantizó el apoyo de su partido después de las elecciones, mientras Matilde Zambudio, de Ciudadanos, pidió al Gobierno una actitud proactiva para lograr retirar en el menor tiempo posible el mayor número de licencias.
La portavoz socialista, Patricia Hernández, insistió en que le corresponde a la administración pública deshacer lo que hizo mal y facilitar el reencuentro a la nueva circunstancia, para advertir de otro concepto de ciudad, que limite el tránsito a los peatones y al transporte público, lo que iría en beneficio del sector. «Es necesario otro estudio antes de que finalice el rescate que ahora se planifica para afrontar un proyecto actualizado a ese momento».
