La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ha encargado un informe sobre el estado actual del abandonado hotel situado en la costa del Suroeste, conocido como el mamotreto de Añaza. El edil responsable del área, Guillermo Díaz Guerra (PP), explica que éste es un paso necesario para poder proceder a la redacción del proyecto de derribo del citado inmueble.
En concreto, este informe, que «costará menos de 15.000 euros», incluirá un análisis sobre el estado actual de la estructura de la edificación y cimientos; la topografía; un estudio de opciones y costes de la demolición, y la elaboración del pliego de prescripciones técnicas y coste del proyecto de derribo.
El concejal responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo prevé que el proyecto para demoler el abandonado hotel esté redactado a finales del año que viene.
El mamotreto de Añaza, en el que se han producido varios accidentes y que supone un auténtico peligro, comenzó a construirse en el año 1973, pero los trabajos se paralizaron dos años más tarde. Por lo tanto, lleva abandonado casi 50 años. Debido a los problemas de seguridad que esta inacabada construcción estaba generando en la zona, el Ayuntamiento de Santa Cruz intentó averiguar quiénes eran sus dueños, llevando a cabo una investigación que se prolongó durante varios años. Finalmente, se descubrió que sus propietarios son la entidad mercantil Teneriffa Ferienanlagen GMBH & CO. Treuhand- Und Verwaltungs-KG, la Comunidad de Bienes Santa María y la compañía mercantil Promociones y Servios Los Guios. Sin embargo, ni las entidades ni sus representantes han contestado a las numerosas notificaciones enviadas por la Corporación local.
Tras incontables y vanos intentos para que los propietarios asumiesen su responsabilidad, y con el objetivo de no seguir prolongado el abandono de este inmueble, y con ello la posibilidad de que se sigan produciendo accidentes, Urbanismo declaró la caducidad de la licencia de edificación para la construcción del hotel e inició el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística.
El Ayuntamiento tomó la decisión de iniciar el camino para encargarse de esta construcción, a pesar de saber que se enfrentaría a una demolición que supondría una cuantiosa inversión. Y tras un engorroso procedimiento, que se prolongó durante más de cinco años, en abril de 2021 la Gerencia Municipal de Urbanismo ordenó la ejecución subsidiaria. De esta forma, es el Consistorio el que asume el derribo del inmueble, y deberá llevarlo a cabo.
Durante todo este tiempo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha intentado impedir el acceso a este peligroso inmueble, adoptando diferentes medidas de seguridad, como la instalación de una red perimetral de cuatro metros y la colocación de señalización, en varios idiomas, advirtiendo del riesgo existente en el edificio. Sin embargo, han sido numerosas las ocasiones en las que la Policía Local ha tenido que intervenir y numerosas las quejas ciudadanas.
