El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tumbado los recursos presentados por las empresas FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) y Ascan-Acciona contra la adjudicación, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, del servicio de limpieza y de recogida de residuos a Valoriza, filial de Sacyr. Dichas entidades alegaron que la oferta de Valoriza era «desproporcionada» y que se habían cometido «incumplimientos del pliego» del procedimiento de licitación, por lo que solicitaron la anulación de la decisión que tomó el Consistorio en 2018. Sin embargo, y según destaca el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), el TSJC «ha confirmado a Valoriza como empresa ganadora del concurso».
Tarife exige a los grupos municipales de la oposición Partido Socialista y Unidas Podemos que «suban a la segunda planta del edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo» y pidan perdón, «uno a uno, a todos los técnicos que participaron en la mesa de contratación del contrato de limpieza (integrada por personal administrativo, técnico y jurídico del Ayuntamiento». «Espero que esas disculpas se produzcan lo antes posible, pues estos partidos criticaron con dureza la decisión de los técnicos», añade el edil.
Y aunque aún hay otro procedimiento judicial abierto, el que corresponde a la denuncia presentada por Urbaser, otra de las empresas que participaron en la licitación, que, además, era la que se encargaba anteriormente del citado servicio, el también portavoz del PP resalta que «estas sentencias son contundentes y dejan claro que la decisión es totalmente correcta y se ajusta a la legalidad».
El pasado 29 de octubre de 2018, la Junta de Gobierno del Consistorio acordó adjudicar, por un importe de 150 millones de euros y un plazo de 8 años, el servicio de limpieza y recogida de residuos en la capital a Valoriza, aprobando así la propuesta de la mesa de contratación. También presentaron ofertas en esta licitación FCC, Ascan-Acciona, Urbaser y OHL. La mayoría de las empresas que participaron en el concurso público, y también el PSOE, presentaron denuncias ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que fueron desestimadas el 6 de mayo de 2019. A continuación, FCC, Ascan-Acciona y Urbaser acudieron a la Justicia, interponiendo un recurso contencioso-administrativo.
El Ayuntamiento decidió adjudicar el servicio a Valoriza por tratarse de la oferta «más ventajosa» para el municipio, obteniendo la máxima puntuación. Su propuesta era la más económica y, además, esta empresa se comprometía a incrementar la calidad del servicio que exigía el Consistorio en el pliego de adjudicación del contrato, así como a disminuir un 80% el número de incidencias o reclamaciones ciudadanas que se producen al mes. Valoriza, debido a que hubo que esperar por la decisión del Tribunal de Contratos Públicos, asumió la gestión de la limpieza y recogida de residuos en Santa Cruz un año más tarde, en diciembre de 2019. Según destacó la Corporación loca en su momento, el nuevo servicio incluía «numerosas ventajas y novedades», como la reducción de las molestias al tráfico, de los ruidos y de los malos olores; la renovación de los contenedores; la creación de una oficina para atender al ciudadano; el aumento de la frecuencia de la limpieza y de la recogida de basura, y la implantación en el municipio del contenedor marrón, para basura orgánica.
Las mejoras en la calidad del servicio ofertadas por Valoriza fueron puestas en duda por parte de los grupos de la oposición e, incluso, de algunos técnicos. Pero fue el PSOE, cuando se encontraba en el grupo de Gobierno, junto a Cs, el que, finalmente, firmó el acuerdo con Valoriza, aunque señalando que seguía manteniendo la misma opinión: «no creo que se puedan cumplir los estándares de calidad que esta empresa ofrece, por lo que estaremos muy vigilantes».
En estas sentencias que desestiman los recursos de FCC, que exigía la adjudicación del servicio a su favor, y de Ascan-Acciona, que pedían la anulación de la adjudicación y «retrotraer las actuaciones», se establece que «la oferta presentada por Valoriza es la más ventajosa para los intereses de la administración, aun cuando de alcanzar únicamente el nivel de calidad de los otros licitadores, resultará un menor coste para las arcas públicas». Y es que la oferta económica presentaba una baja del 10% sobre el precio de la licitación. Asimismo, en las sentencias se explica que en el caso de que no se alcancen los indicadores de calidad, se establecerán penalidades.
Es cierto, se indica en estos dos fallos judiciales, que los propios técnicos «realizaron un informe en el que se dice que los niveles de calidad ofertados no podrán ser alcanzados, pero nunca se dice que la oferta fuera inviable o que no pudiese ser cumplida». Por lo tanto, «la actuación de la mesa de contratación y órgano de administración, al no excluir a Valoriza y proceder a la valoración de su oferta y adjudicación, no está incursa en los vicios alegados» por los denunciantes. La sentencias no son firmes, pues los demandantes pueden acudir aún al Tribunal Supremo.
