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Santa Cruz de Tenerife reclama al Gobierno de Canarias recursos para poder gestionar las ayudas sociales

El Ayuntamiento solicita en el Consejo de la Municipalidad que los proyectos de ley que impliquen nuevas tareas para los consistorios incluyan la financiación necesaria

Ciudadanos solicitando una ayuda, en Santa Cruz. E. D.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reclamado este miércoles en el Consejo de Municipalidad de Canarias que todos los proyectos de ley que impliquen nuevas tareas para los consistorios de las Islas, como la gestión de la Renta de Ciudadanía, lleven aparejado, "coherentemente, por parte del Gobierno canario, una financiación acorde a esas nuevas funciones que tendremos que afrontar y acometer".

El concejal de Hacienda de la capital, el nacionalista Juan José Martínez, destacó, durante la citada reunión, la necesidad de que "se contemple un apoyo más explícito y específico para los ayuntamientos, con el fin de poder tramitar en tiempo y forma las competencias que les son derivadas desde la administración autonómica".

En concreto, Juan José Martínez se refirió al Anteproyecto de Ley de Renta de Ciudadanía, que "está a punto de entrar en el Parlamento de Canarias, lo que, sin duda, va a llevar consigo la asunción de nuevas tareas por parte los dispositivos municipales". Señaló que en Santa Cruz será el área de Acción Social y, específicamente, el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), que preside la edil nacionalista Rosario González, la que tendrá que afrontar estas nuevas tareas, "por lo que debe ser compensada, sobre todo en personal, para cubrir las necesidades de atención a la población más vulnerable del municipio".

El concejal de Hacienda y Vivienda en el Ayuntamiento chicharrero aprovecha para denunciar "la mala gestión que sufre el área autonómica de Derechos Sociales, bajo la responsabilidad de Noemí Santana, área que tiene precisamente que ver con la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la Dependencia y la Renta de Ciudadanía". "Para que todas estas ayudas puedan funcionar de manera adecuada a través de la gestión de los consistorios es necesario, insisto, que estos reciban recursos", agrega.

"En el caso de la Renta de Ciudadanía, parece que la consejera de Derechos Sociales no tiene en cuenta que esta nueva Ley supone, en su plasmación práctica, un trabajo de gestión, seguimiento, acompañamiento, inclusión y revisión que recae en las corporaciones locales. Lo que no queda claro, ni de lejos, es que no se defina, a la misma vez, que estas nuevas tareas estén contempladas en el incremento presupuestario plurianual acorde al papel que habrán de jugar en esta gestión los ayuntamientos", comenta a El DÍA Juan José Martínez, también portavoz de CC.

Según el edil, hay que tener en cuenta que en la actualidad "no existe por parte de la Consejería autonómica ni planificación ni medidas ajustadas a la realidad de los peticionarios". ""El hecho de que los solicitantes de la Renta de Ciudadanía deban solicitar también el Ingreso Mínimo Vital complica los trámites a la ciudadanía y multiplica el trabajo que deben realizar los técnicos, por lo que la necesidad de la dotación para personal y gestión es inapelable", concluye Martínez.

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