El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se sumó ayer a la petición del alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez (CC), de impugnar el catálogo de símbolos franquistas que deben ser eliminados del municipio chicharrero al incumplir la ley de memoria histórica. El popular Guillermo Díaz Guerra, primer teniente de alcalde de Santa Cruz y responsable de la Concejalía de Servicios Públicos, acusó ayer al Gobierno de Canarias de «imponer» el catálogo.
Según Díaz Guerra, el Ejecutivo regional, autor de esta relación de 79 símbolos que ensalzan la dictadura, «parece tener en el punto de mira a Santa Cruz de Tenerife», porque «pretende aprobar un catálogo monográfico de nuestra ciudad, en el que no hace referencia a ningún otro municipio canario a pesar de que la ley habla de un catálogo regional». «No se puede aplicar la ley [de la memoria histórica] por fases o por municipios, porque eso es absolutamente arbitrario», detalló.
«El Gobierno canario no tiene legitimidad para actuar al estilo talibán»
Apenas unos días antes de que se conociera el catálogo –se anunció a los medios de comunicación el martes–, el mismo Díaz Guerra propuso rehabilitar la fuente del monumento a Franco, situado al final de la Rambla. Además, aclaró que «no le ve ningún significado político» a la obra de Juan de Ávalos y que sí se ponía de nuevo en funcionamiento su «maravillosa fuente» podía suponer «un atracivo turístico».
Patrimonio «importante»
Ahora que se ha incluido este monumento en la lista de reconocimientos al franquismo que hay que eliminar de la capital tinerfeña, el concejal del PP considera que la acción del Gobierno de Canarias es «un atropello a Santa Cruz». Según el comunicado del PP que contiene la valoración de Guillermo Díaz Guerra, Santa Cruz tiene «un importante patrimonio histórico y cultural y gran parte data de hace 40, 50 o 60 años, «pero eso no implica que tenga la simbología que ahora le quieren atribuir», a lo que agrega que «no creemos que el Gobierno de Canarias tenga legitimidad para actuar al estilo talibán, rompiendo con todo lo que pertenece al pasado de la ciudad».
«El Partido Popular rechaza de forma rotunda las actuaciones arbitrarias con connotaciones ideológicas en el ámbito del patrimonio histórico y, por lo tanto, denunciaremos e impugnaremos cualquier acuerdo que obligue a destruirlo sin ajustarse a la ley de memoria histórica», explicó Díaz Guerra, que añadió que el partido ha solicitado a la Comisión de Patrimonio del Partido Popular de Tenerife «una evaluación del borrador de catálogo».
Sobre la ley de memoria histórica, el teniente de alcalde recordó que «nació con una voluntad de consenso» pero aclaró que «en la actualidad se ha convertido en un arma arrojadiza entre partidos políticos, que algunos, lamentablemente, se empeñan en trasladar al ámbito social». «El Partido Popular va a trabajar para defender el patrimonio que nos pertenece a todos frente a medidas arbitrarias, basadas en criterios puramente ideológicos, poniendo en valor los elementos culturales y patrimoniales de nuestra ciudad».
«No se puede aplicar la ley por municipios; es absolutamente arbitrario»
El conocido popularmente como monumento a Franco se llama oficialmente Monumento a la Victoria. Obra del escultor Juan de Ávalos, fue construido gracias a los fondos aportados por los chicharreros y las instituciones. El conjunto fue inaugurado el 17 de marzo de 1966 y conmemora la victoria del dictador Francisco Franco en la Guerra Civil en 1939 tras el alzamiento militar de 1936. Según el noticiero oficial del franquismo, el Nodo, el monumento también se construyó para conmemorar la partida del «generalísimo» de Santa Cruz de Tenerife con el fin de iniciar el golpe de estado que acabó con la democracia en España.
Francisco Franco había llegado a Santa Cruz de Tenerife el 13 de marzo de 1936 después de ser nombrado capitán general de Canarias. Permaneció 120 días en la sede de la Capitanía General de Canarias, que permanece hoy en la capital tinerfeña. El 16 de julio de 1936, el «generalísimo» abandona Tenerife para dirigirse a Gran Canaria y de allí a Marruecos (día 18) en el avión Dragón Rapide con el fin de dar el golpe de estado contra la República.
