El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, se las prometía felices cuando decidió someter a votación definitiva la aprobación del plan de usos que permite ampliar el uso comercial a supermercados que, si su parcela se lo permite, podrán ampliar sus instalaciones de los actuales 750 metros cuadrados hasta un máximo de 2.500, o también regular y poner al día –según defendió– en plan turístico que permite hoteles ciudad a la espera de la aprobación del Plan General de Ordenación.
En el debate previo a la votación, Matilde Zambudio le anunció su rechazo por falta de consenso y le advirtió que igual nunca se llegará a aplicar porque está dispuesta a judicializar el asunto y se prolongará en el tiempo tanto que igual antes ya estará el Plan General, mientras Ramón Trujillo, de Unid@s Podemos, rechaza de plano la implantación de grandes superficie, que es lo que a su juicio pretende hacer Tarife, algo que negó de forma tajante el líder popular, que «bajó» al salón de pleno el ejemplo de La Laguna, donde está en marcha, para preguntar por qué los mismos partidos que gobiernan arriba no lo apoyan en Santa Cruz.
El portavoz popular recriminó a José Ángel Martín que dejara sin resolver 17.000 expedientes
El portavoz adjunto del PSOE y antecesor responsable de Urbanismo, José Ángel Martín, lamentó que Tarife hiciera oídos sordos a las advertencias de dejar sobre la mesa la aprobación de la normativa de uso urbanístico y reiterara su empeño en continuar con la tramitación, advirtiendo que se podría enfrentar a los mismos males que padeció el Plan General de Organización, lo que ha provocado que Santa Cruz haya reiniciado la tramitación. Pero el concejal popular lejos de poner freno y marcha atrás puso la quinta y tiró para adelante, hasta culminar la tramitación.
De nuevo en el turno de réplica, el dirigente socialista insistió en su advertencia sobre que la nueva normativa urbanística se puede enfrentar a los mismos males que afrontó el Plan General que sucumbió ante la carencia de un informe de impacto ambiental. Tarife se revolvió y le dijo que él estaba en política para trabajar en defensa de la ciudad, lo que eso supone gestionar. E intentó airear las vergüenzas del PSOE: «Cuando llegué me encontré con 17.000 expedientes de disciplina urbanística sin resolver». José Ángel Martín se lo aclaró: «Cuando yo llegué había cero expedientes; de ahí que usted se encontrara los 17.000 que instruimos desde 2017 hasta 2019».
El concejal de Urbanismo decidió tirar para adelante con la modificación de uso, que se publicará en el Boletín Oficial y tendrá un plazo de 30 días para presentar. «En política yo estoy para tomar decisiones». Y esa fue la suya.
Cuando daba por hecho que había cumplimentado todo el proceso conforme a la normativa legal y ya casi mandaba el correo al Boletín Oficial para ordenar la publicación, entre las pocas butacas habilitadas para el público en el salón de plenos –para garantizar el distanciamiento social–, se levantó Silvia Barrera, presidenta de la asociación de vecinos El Perenquén, que dice representar a los vecinos del centro de la ciudad. Nada más oyó decir a Tarife que se habían respondido todas las alegaciones presentadas durante la tramitación, Silvia Barrera lo negó. Tarife levantó la vista sobre sus gafas para ver de dónde provenía la voz. De nuevo Silvia Barrera le dijo que es falso. El concejal de Urbanismo intentó continuar. Silvia Barrera reiteró: «No, no, no». «No existe ni un plan de evacuación en el centro de Santa Cruz, no hay zonas de cargas y descargas, ni un plan de movilidad. ¡A Santa Cruz no la van a rematar!».
El dirigente socialista recordó a Tarife que hasta que llegó el PSOE no se velaba por disciplina urbanística
«La llamo al orden», le pidió el alcalde. «No entran los bomberos», continuó. «No tiene la palabra», le recriminó Bermúdez. «No entran ambulancia», insistió, lo que ya provocó que el regidor tardara más en invitarla en abandonar el salón de plenos que el vigilante de seguridad entrar, junto a efectivos policiales, para acompañar a Silvia Barrera a abandonar el salón de sesiones. «Nos veremos», le advirtió la presidenta de la asociación vecinal del centro, insinuando que el tema lo llevaría a los tribunales, un camino que ya conoce porque fue el que inició hacer ya años cuando judicializó el Carnaval por los ruidos y las molestias que provoca a los residentes del centro de Santa Cruz.
