Guillermo Díaz Guerra propone al Pleno «mostrar, desde la Administración local, nuestro más absoluto rechazo a las modificaciones que el Cabildo ha introducido en el nuevo Plan de Cooperación Municipal, cuya vigencia se establece entre los años 2022 y 2025». El portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife defenderá que la Corporación insular «reconsidere su posición actual (...) y retome el modelo anterior, que no daba pie a situaciones arbitrarias».
Recuerda que los últimos planes han estado «encaminados, fundamentalmente, a mejorar el déficit del sistema de saneamiento», pero «ha ido rebajando las partidas de este Plan, que a nosotros, desde el municipalismo, nos resulta fundamental», teniendo en cuenta que el alcantarillado lo configuran «trabajos que suponen un importante desembolso económico para cualquier administración».
Los cambios introducidos por el Gobierno insular obligan a Santa Cruz a «hacer frente al 50% de los proyectos de saneamiento» y a «abonar los gastos derivados de la redacción y licitación», así como a «asumir las posibles indemnizaciones que se deriven de las obras».
Díaz Guerra califica esta decisión del Cabildo como «claramente perjudicial y lesiva» para Santa Cruz «y para los intereses de nuestros ciudadanos». Un hecho que se registra «en un contexto social y económico» que requiere el empleo de «la mayor parte de los recursos municipales» para paliar los efectos de la pandemia». El portavoz del PP concluye que «si ya soportamos la cuadruplicidad de administraciones, al menos, debemos exigir que cada una asuma sus funciones».
