Las tres familias afectadas por la orden de desalojo de sus viviendas en el Camino de La Ermita, ante el riesgo de que caigan piedras de la ladera, regresaron el pasado domingo a sus hogares después de pernoctar en hogares de sus familiares o en el hotel plaza tras la advertencia de la policía local. El mismo jueves, nada más decretarse la alerta por lluvias, el director municipal de Seguridad y dos parejas de agentes locales le recordaron que el informe técnico que aconseja su marcha del lugar señala que el riesgo de desprendimiento se eleva a un 70% cuando se registran precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrados y al 50% cuando son 20 litros.
Una vez la situación volvió a la normalidad, las tres familias regresaron a sus casas a la espera de que la autoridad judicial decrete la orden que obligaría a abandonar sus viviendas. Hace doce días el ayuntamiento comunicó a los residentes el decreto de Urbanismo que ordenaba el desalojo, si bien los afectados decidieron continuar bajo su responsabilidad, mientras que el pasado viernes el Ayuntamiento formalizó la correspondiente denuncia ante los juzgados y fuentes municipales precisaron que no se descarta que el lanzamiento se pueda producir mañana, miércoles.
Desde el primer día de la orden de desalojo, IMAS y Viviendas Municipales ofrecieron recursos sociales a las familias afectadas, en especial para cuando tengan que abandonar sus casas porque se haga efectiva la orden del juez, a la vez que se acordó celebrar una reunión semanal para realizar un seguimiento a la búsqueda de pisos de alquiler y afrontar las posible necesidades, dentro de la mano tendida que mantiene el equipo de gobierno. En el encuentro celebrado en la tarde de ayer los vecinos mostraron su satisfacción con los avances experimentados en la localización de pisos, si bien ha aparecido un condicionante que podría afectar a la culminación de los contratos, y es que dos de las tres familias quienes ir a los nuevos recursos con sus mascotas, lo que depende de la correspondiente autorización de los propietarios de los inmuebles.
Las tres familias agradecen las facilidades dadas desde el Ayuntamiento, que se ha mostrado dispuesto a pagar un alquiler de hasta 800 euros y, ante la dificultad de conseguir pisos en Santa Cruz, ampliaron la búsqueda a municipios limítrofes. Junto a las diez personas afectadas, ayer se personó en la reunión con los políticos la hija de Santana, titular que falleció durante el confinamiento.
Ya desde el viernes se trabaja en la instalación de la valla, a la espera del desalojo, y el martes próximo la Junta de Gobierno adjudicará la obra de emergencia que se ejecutará para sanear la ladera.
