El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por la Acampada por una Vivienda Digna, que ocupa desde agosto la santacrucera plaza de la Candelaria, contra el desalojo ordenado por el Ayuntamiento chicharrero. Esta plataforma reivindicativa solicitaba a la justicia que la resolución dictada el 9 de noviembre por la Concejalía de Servicios Públicos, que dirige Guillermo Díaz Guerra (PP), con la que se daba un plazo de 24 horas para la retirada de las tiendas de campaña, se quedara sin efecto.

Con este recurso, que no ha sido admitido, la Acampada por una Vivienda Digna trataba de frenar la orden de desalojo emitida por el Ayuntamiento de Santa Cruz, en la que se establece que en la plaza de la Candelaria se está produciendo una "ocupación ilícita del dominio público", pues la instalación de tiendas de campaña no cuenta con autorización municipal. Asimismo, en la resolución municipal se señala que "la acampada no autorizada constituye una utilización de la vía pública de tal intensidad, que impide el normal desarrollo de las labores de limpieza por parte de los servicios públicos municipales, desembocando, en consecuencia, en una alteración del orden público". Desde la Corporación local también se ha apuntado que las casetas dificultan la celebración de los actos navideños.

El TSJC ha inadmitido el recurso de esta plataforma reivindicativa, dando la razón al Consistorio chicharrero en sus argumentos, por lo que este podrá continuar con la tramitación de la citada orden de retirada de las casetas, aunque ya los representantes de la Acampada por una Vivienda Digna han anunciado que recurrirán la decisión judicial. Estos siguen defendiendo que se está vulnerando el derecho a la manifestación y reunión.

«Procede la inadmisión del recurso de conformidad con las razones extensamente expuestas por el Ayuntamiento demandado y el Ministerio Fiscal. El acto recurrido se limita a efectuar un control del uso del dominio público local y no a prohibir o modificar el ejercicio del derecho de manifestación que consta comunicado a la Subdelegación del Gobierno», se señala en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El Ayuntamiento ha querido dejar claro en varias ocasiones que apoya y defiende las reivindicaciones de la plataforma, apuntando que la orden de desalojo no tiene nada que ver con el derecho a la reunión y manifestación de los acampados. La propia Subdelegación del Gobierno, ha explicado el concejal de Servicios Públicos, dijo en su resolución del pasado 14 de octubre que "si en el desarrollo del acto se fueran a utilizar otros elementos que supongan ocupación temporal de suelo público, como la colocación de mesas de firmas, elementos anunciadores o casetas de campañas, deberá obtenerse, en su caso, autorización del titular del suelo a ocupar", que en este caso es el Ayuntamiento de Santa Cruz.

En el pleno celebrado el viernes, Unidas Podemos presentó una moción solicitando la revocación de la orden de desalojo, la cual fue rechazada. Tanto el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, del PP, explicaron que las tiendas de campaña no pueden quedarse de manera permanente en la plaza de la Candelaria, pues "todos los ciudadanos tienen derecho a usar este suelo", e insistieron en que "apoyan las reivindicaciones de los acampados". El regidor chicharrero instó al Gobierno de Canarias a atender a esta plataforma de manera urgente, "pues la mayoría de sus reivindicaciones son competencia de la Comunidad Autónoma". "Si sigue en la plaza de la Candelaria es porque el Ejecutivo no los escucha". Por su parte, Díaz Guerra ha sentenciado que el Ayuntamiento continúa con su intención de retirar las casetas.

Desde la plataforma, y a través de uno de sus representantes, Manuel Dorta, se ha defendido que el uso de las tiendas de campaña es necesario para poder llevar a cabo la concentración en la plaza de la Candelaria, "para la que contamos con permiso de la Subdelegación del Gobierno". De todas formas, dice Dorta, "esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no es firme, por lo que la recurriremos". "No entendemos que al Ayuntamiento de Santa Cruz le preocupe más unos actos navideños que el grave problema que sufre esta ciudad, que no es otro que el de la falta de vivienda", ha manifestado.