La inclusión de Añaza en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) fue una de las prioridades que se marcó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, desde su regreso a la Alcaldía, lo que motivó que los concejales de Viviendas Municipales, Juan José Martínez, y del Distrito Suroeste, Javier Rivero, hayan trabajado de la mano los últimos diez meses en la búsqueda de inmuebles a los que poder sumar a los ARRU, para llevar a esta zona de la capital un modelo de rehabilitación que ya se ha desarrollado en otros lugares.
Cuando ya se había realizado una diagnosis de la zona y se había localizado las viviendas más necesitadas de una mejora, además de haber acordado desde el Distrito Suroeste impulsar la figura de un mediador que facilite a las comunidades de vecinos su constitución para tener a punto todo el trámite burocrático con el que poder satisfacer los requisitos administrativos, desde la Unión Europea se convocó el Plan ‘Next Generation’ que persigue la recuperación económica tras el covid-19.
La intervención se ejecutará en las primeras viviendas sociales entregadas en los años ochenta
Para Javier Rivero, fue la oportunidad de oro, pues con el liderazgo de Viviendas Municipales ya se había avanzado para preparar 381 viviendas que corresponden a cuatro parcelas de Añaza de cara al ARRU, y se aprovechó la convocatoria europea que conlleva un doble plus: de tiempo, pues tiene mayor celeridad a la hora de acometerse, y, sobre todo, de finalización, pues las actuaciones incorporan el plus de eficiencia energética. «La convocatoria europea del Plan de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada», que están financiadas al 95 por ciento, parecían hecha a la medida de este barrio.
El responsable de Viviendas Municipales, Juan José Martínez, precisa que, junto a las mejoras que garantiza el ARRU, que se refiere a rehabilitación de fachadas y espacios comunes, se suma la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, lo que convierte este proyecto en un reto apasionante que comparten Martínez y Javier Rivero.
El proyecto presentado a Europa, con la mediación del Gobierno de Canarias, aspira a conseguir una inversión de fondos europeos de doce millones de euros; y Juan José Martínez se muestra optimista de poderlo conseguir y hacer posible que Añaza, que es un barrio referente en Santa Cruz por su cuidada trama urbanística y el alto número de servicios que oferta a sus vecinos, también sea la primera en acogerse en Santa Cruz a este plan de recuperación, transformación y resiliencia.
En números, Viviendas Municipales prevé la rehabilitación de las cien viviendas que construyó el Gobierno de Canarias en la década de los años ochenta y que fueron de las primeras que se dieron en el barrio con un alquiler social en el pionero Plan Canario de Viviendas, si bien luego se procedió a la venta a sus inquilinos. También se beneficiarán los 92 vecinos de los bloques de las parcelas C10, así como los 97 residentes en la C13 y los 92 de la parcela C14. Más allá de este baile de cifras y número, se trata de tres promociones públicas que emprendió Viviendas Municipales, del Ayuntamiento de Santa Cruz, casas sociales que vendió a sus propietarios, también entre las primeras promociones que se llevaron a cabo.
«Esta intervención convertirá a Añaza en un referente por adaptar la eficiencia energética»
De ahí la importancia para los concejales Martínez y Rivero en rehabilitar estas casas que se edificaron en la década de los años ochenta y que, con esta actuación, se renovarán para garantizar los próximo treinta años.
El concejal de Distrito Suroeste señala a Juan José Martínez como el artífice de haber metido en la convocatoria estas 381 viviendas de Añaza, si bien destaca que desde su departamento «hemos actuado más como mediadores entre la administración y los vecinos para facilitar que todo esté a punto cuando se reciba el dinero desde Europa», explica Rivero.
Además, se trata también de un barrio –al menos en las parcelas donde se va a actuar– que nació bajo el amparo de las administraciones públicas y fueron construidas hace unos 35 años. Precisamente la temporalidad era una de las trabas que se enfrentaba Viviendas Municipales para actuar en Añaza desde la figura del ARRU, que fija una antigüedad de 50 años. Pero llegó la convocatoria europea, y Martínez vio la solución para intervenir en estas parcelas del Suroeste.
A falta de la resolución, sinónimo de la aceptación del proyecto elevado desde Santa Cruz a Europa, Juan José Martínez recuerda que el proyecto contempla una inversión de 12.556.236 euros en 381 viviendas. De ellos, la principal aportación correspondería al Ministerio de Vivienda, con 9.681.210 –el equivalente al 77% del coste total–, mientras que el Ayuntamiento participaría con 1.351.151 euros –el 10%– y el Cabildo de Tenerife contribuiría con un millón de euros –casi el 8% del coste total–, mientras que los vecinos también tendrían que satisfacer su parte, que se eleva a un total de 523.875 euros; lo que supone 1.375 euros al bolsillo de cada familia. De ahí la importancia de que todas las comunidades estén bien constituidas y hayan celebrado sus correspondientes juntas para dar el visto bueno a la obra.
«Es una oportunidad de oro para el vecino ya que mejora su casa los próximos 30 años»
Otra de las diferencias de un ARRU y las obras que se ejecuten con fondos europeos se refiere a los plazos, dada la premura que se solicita en el segundo de los casos, pues se trata de un dinero que se gestiona para impulsar la recuperación económica tras la crisis provocada por el covid. De otra forma, en la gestión de un ARRU pueden pasar cuatro años desde los primeros trámites hasta su ejecución y con los fondos europeos ‘Next Generation’ el plazo podría ser de un año y medio. Y con el plus de que además de actuar en las redes de saneamiento, abastecimiento de agua sanitaria, telecomunicaciones, baja tensión, cubierta y fachadas –como ocurre en un ARRU– se incorpora mejora de eficiencia energética, hasta con sistemas de producción de electricidad mediante fotovoltáica o sistemas de iluminación comunitarios, para conseguir el pretendido ahorro –al que obliga Europa en este programa– de al menos 30% de energía primaria. «Los vecinos han visto los cielos abiertos. Imagine que viene la Administración y te dice que va a poner tres millones para habilitar tu casa para los próximos 30 años», cuenta Rivero.
