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UP exigirá al pleno la revocación de la orden de retirada de la Acampada

Trujillo pide que se «respete» la ocupación de las casetas de campaña en la plaza de la Candelaria

Acampada por una Vivienda Digna, en la plaza de la Candelaria. Andrés Gutiérrez

El grupo de Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz exigirá al pleno que se celebrará mañana viernes, a través de una moción, la revocación «de inmediato» del requerimiento municipal para que se retiren de la plaza de la Candelaria las casetas de campaña de la Acampada por una Vivienda Digna, la cual ocupa dicho lugar desde agosto.

Asimismo, Unidas Podemos, a través de su portavoz, Ramón Trujillo, y en el marco de dicho moción, instará al Consistorio chicharrero a «reconocer y respetar el derecho de las personas acampadas en la plaza de la Candelaria a permanecer en dicho espacio público ejerciendo sus derechos constitucionales». Precisamente, dice Trujillo, «el ejercicio de derechos fundamentales no puede estar sometido a la obtención previa de licencia municipal. El derecho constitucional de reunión, que ampara a quienes han acampado en el centro de la ciudad, en defensa del derecho a la vivienda, no precisa el otorgamiento previa de autorización municipal recogido en la ordenanza municipal de Policía y Buen Gobierno».

El pasado 15 de noviembre, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos, emitió una resolución ordenando la retirada inmediata de las tiendas de campaña de la Acampada por una Vivienda Digna, por «ocupación ilícita del dominio público municipal», al carecer de autorización. Asimismo, desde el Consistorio se indicó que las casetas impiden la celebración de los actos navideños en la plaza de la Candelaria y dificultan las labores de limpieza. El grupo de Gobierno, formado por CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso, aclaró que dicha orden no se refiere al derecho de reunión sino a la ocupación sin permiso con tiendas de campaña del citado espacio público, «a cuyo uso también tienen derecho el resto de vecinos de la capital».

Los representantes de la plataforma han acudido a la justicia solicitando la suspensión de dicha orden y al Diputado del Común para presentar una denuncia por «discriminación» y «aporofobia».

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