El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobará este viernes una moción institucional, a propuesta de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), para que se establezcan medidas y sanciones que eviten que haya viviendas vacías. El Consistorio chicharrero insta al Estado y al Gobierno de Canarias a desarrollar mecanismos administrativos y legales que obliguen a los fondos buitres y a los grandes tenedores de vivienda establecidos en el municipio, como los bancos, a destinar al alquiler social, al menos, un 30% de las propiedades que han adquirido. La capital tinerfeña exige el desarrollo de un marco normativo que permita adoptar medidas desde las distintas administraciones que eviten la desocupación permanente de inmuebles.
La moción también propone que se creen programas de inspección; que se faciliten garantías a los propietarios de pisos vacíos sobre el cobro de las rentas y reparación de desperfectos; que se establezca la posibilidad de ceder el uso de los inmuebles vacíos a la administración pública para que los gestionen en régimen de alquiler; y que se adopten de medidas de carácter fiscal, tanto de fomento como penalizadoras, «con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional que existe en la actualidad en Santa Cruz de Tenerife». Y se instará al Gobierno de Canarias, a través de Vivienda, a suscribir un convenio para la cesión del derecho de tanteo y retracto frente a los bancos, fondos buitre y grandes tenedores de vivienda.
Inma Évora, responsable de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas e impulsora de esta moción, argumenta que «esta iniciativa es más necesaria que nunca, ya que el efecto de la pandemia del coronavirus Covid 19 sobre las necesidades de vivienda ha hecho que las familias sean aún más vulnerables». «En un territorio limitado como el canario, se hace más necesario aún que los pisos desocupados, que pertenecen a los llamados fondos buitre y grandes tenedores, se destinen a alquiler social», añade.
El Consistorio creará un Observatorio de Vivienda para actuar contra la desocupación
El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz también aprobará la creación, en el plazo máximo de un año, de un Observatorio Municipal de la Vivienda que promueva políticas que «garanticen su función social y el acceso a un alojamiento digno de la ciudadanía, especialmente de las personas más vulnerables; y que realice y gestione el censo municipal de viviendas vacías e informe al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) de su situación, con el fin de que ejerza cuantas actuaciones sean necesarias para corregir o sancionar cualquier situación irregular». Se establecerá un marco de trabajo permanente desde el Observatorio Municipal de la Vivienda con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y otros colectivos sociales implicados, «con la intención de mantener vivo el contenido y propósito de esta moción».
Asimismo, el Consistorio chicharrero elaborará y aprobará la actualización del Plan Municipal de Vivienda para contemplar y regular medidas de fomento que eviten la desocupación permanente e injustificada de viviendas, y para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para cumplir los acuerdos de la moción, «tales como la redacción, modificación y actualización de cuantas normas y reglamentos sean necesarios».
La moción institucional que se aprobará este viernes también incluye medidas tributarias y de otra índole que, «desde el ámbito competencial municipal, puedan implementarse para el estímulo al alquiler del parque de viviendas vacías de la ciudad». «Dada la gran cantidad de población con necesidades habitacionales y la falta de recursos públicos para hacerle frente, resulta urgente movilizar la vivienda vacía en manos de entidades financieras y grandes tenedores de propiedades, tal y como venimos reclamando desde hace tiempo las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH). El hecho de fomentar y garantizar su función social, desincentivar la utilización anómala y penalizar el uso antisocial, se convierte en uno de los pocos mecanismos efectivos en manos de la administración para dar respuesta a la vulneración de este derecho. Habiendo agotado las medidas de fomento para facilitar la ocupación de los pisos vacíos en poder de entidades financieras y grandes tenedores de vivienda, las administraciones locales deben adoptar otras medidas para evitarlo e iniciar procedimientos sancionadores», se dice en la moción, a la que ha tenido acceso EL DÍA.
