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El Ayuntamiento de Santa Cruz ordena la retirada de la acampada de la plaza de la Candelaria en 24 horas

El concejal de Servicios Públicos da un ultimátum a la plataforma y el alcalde exige al Gobierno canario que la atienda

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Acampada vivienda en la plaza de la Candelaria Carsten W. Lauritsen

La Acampada por una Vivienda Digna debe abandonar la plaza de la Candelaria, en Santa Cruz, en un plazo «improrrogable» de 24 horas. Así se establece en una comunicación firmada por el edil de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra (PP), en la que se ordena la retirada de las carpas, tiendas de campaña y demás instalaciones que se encuentran en dicho espacio de la capital, por «ocupación ilícita del dominio público municipal».

En la notificación de Servicios Públicos se explica que la resolución emitida en su momento por la Subdelegación del Gobierno, en relación a la autorización de esta «concentración-acampada», la cual ya lleva más de 100 días ocupando la vía pública de la ciudad, se refiere «exclusivamente» a la «concentración» como ejercicio del derecho de reunión, «reconociéndose incompetente para pronunciarse sobre la acampada».

Al respecto se dice que, «si en el desarrollo del acto se fueran a utilizar otros elementos que supongan ocupación temporal de suelo público, como la colocación de mesas de firmas, elementos anunciadores o casetas de campañas, deberá obtenerse, en su caso, autorización del titular del suelo a ocupar», que en este caso es el Ayuntamiento de Santa Cruz

En este sentido, Servicios Públicos señala que, «consultados los archivos municipales», no consta solicitud dirigida al Consistorio chicharrero para ocupar la plaza de la Candelaria con casetas de campaña, «como tampoco consta para su ocupación en los meses precedentes, pese a la advertencia expresa notificada por parte de la Subdelegación del Gobierno al respecto».

Por lo tanto, y según la comunicación firmada por Díaz Guerra, para llevar a cabo esta acampada es necesario «el otorgamiento previo de licencia o autorización municipal». Como esta no existe, dice el escrito, con la actual acampada promovida por la Plataforma por una Vivienda Digna se está procediendo a la «ocupación ilícita del dominio público municipal». 

Además, «dada la circunstancia de que la plaza de la Candelaria constituye un punto de encuentro de interés turístico y cultural, en el que transitan diariamente un número considerable de personas, atraídas por los establecimientos comerciales y de restauración existentes en dicho emplazamiento, la acampada no autorizada constituye una utilización de la vía pública de tal intensidad, que impide el normal desarrollo de las labores de limpieza por parte de los servicios públicos municipales, desembocando, en consecuencia, en una alteración del orden público». 

Por su parte, la Plataforma por una Vivienda Digna ha anunciado que denunciará ante el Juzgado tanto al Ayuntamiento como al edil que firma la comunicación. 

Y mientras que el concejal de Servicios Públicos firmaba la comunicación con la que se da un ultimátum a los acampados para que abandonen la plaza de la Candelaria en 24 horas, por no contar con autorización municipal para su ocupación e impedir las labores de limpieza diarias, el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez (CC), exigía al Gobierno de Canarias que atienda las reivindicaciones de la plataforma para poner fin a esta manifestación.

El regidor chicharrero instó ayer al Ejecutivo canario, el mismo día que los acampados recibieron el escrito firmado por el edil Díaz Guerra para abandonar la plaza de la Candelaria, a cumplir «con sus compromisos adquiridos frente a estos ciudadanos». Bermúdez señaló que la práctica totalidad de las reivindicaciones de la Acampada por una Vivienda Digna «son competencia de los gobiernos socialistas de Canarias y España».

Compra de viviendas

El primer edil recordó que el anterior Gobierno de Canarias, con el nacionalista Fernando Clavijo al frente, gestionó «en apenas seis meses» la compra de más de 300 viviendas en el barrio de Añaza para resolver un problema similar. «Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo no parecen encontrar soluciones para las familias de El Tablero, que están en una situación parecida», apuntó. En este caso en concreto, están afectadas por órdenes de lanzamiento unas 17 familias, que ocupan viviendas en dicha zona, las cuales pertenecen a un fondo inmobiliario.

Bermúdez destacó que el Ayuntamiento ha mantenido varias reuniones con los afectados de ese barrio y con los representantes del resto de los alojados en dicha acampada, que «reúne a personas procedentes de varios municipios de la Isla». «Si continúan acampados, es porque hasta la fecha no se les ha atendido», agregó.

«En el pasado mes de julio, aprobamos en el pleno municipal una moción para instar al Gobierno de Canarias a buscar una solución, no sólo para las familias de El Tablero, sino para abordar de manera global la problemática de vivienda en Canarias. Varios meses después, no parece que el Ejecutivo haya hecho nada por estas personas que siguen acampadas en la plaza de La Candelaria, esperando una reunión con los integrantes del pacto de Gobierno regional», manifestó el alcalde. Insistió en que, a pesar de que se anunció la compra de las citadas viviendas de El Tablero para agosto, «a día de hoy, siguen esperando que ese compromiso se convierta en realidad». 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, «aunque el problema de la vivienda es de ámbito regional y estatal», está gestionando en la actualidad más de 87 millones de euros en esta materia, según recordó el alcalde. De esta cantidad, 28 millones corresponden a programas de regeneración de viviendas (ARRUS), 48 millones de euros a proyectos de generación de nuevas viviendas (Plan de Vivienda de Canarias), y otros 10 millones a proyectos incluidos dentro de las convocatorias europeas de mejora del parque de viviendas.

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