Santa Cruz de Tenerife perderá unos tres millones de euros de recaudación con el nuevo decreto de la plusvalía. El concejal de Hacienda, el nacionalista Juan José Martínez, alerta de que "la nueva regulación de este injusto impuesto significará para el Ayuntamiento capitalino dejar de ingresar alrededor del 50% por este concepto". Además, señala el edil, dicha regulación, que "llega tarde y mal por parte del Estado, duplicará la gestión municipal y tendremos que disponer de personal cualificado para hacer frente al engorro administrativo que supone este Real Decreto, el cual establece las bases de cálculo para la plusvalía".
El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, resalta que "este asunto afecta a todos los municipio de Canarias, con diferente repercusión, pues perderán entre el 30 y el 70% de la recaudación por este impuesto". "Esta es una pésima noticia para las arcas municipales, precisamente en un año en el que hemos visto descender los ingresos por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus Covid 19, mientras que hemos tenido que afrontar gastos extraordinarios para atender a la ciudadanía más vulnerable y realizar servicios por encima de nuestras competencias como ayuntamientos".
El regidor chicharrero destaca que "en un momento en el que Santa Cruz está apostando por la rebaja de impuestos y tasas, con la finalidad de que pymes (pequeñas y medianas empresas), autónomos y familias dispongan de más liquidez para gastar en la ciudad, este decreto solo viene a restar". En este sentido, Bermúdez insta al Gobierno de Canarias a situarse al frente de las reclamaciones de los municipios para disponer de alguna alternativa que alivie esta menor recaudación, "para poder seguir prestando los servicios a la ciudadanía que nos reclama más atención en esta difícil época, pues el Ayuntamiento es la primera puerta que se toca".
Desde el área de Hacienda se insiste en que la nueva regulación del impuesto de la plusvalía provoca, además de la merma en los ingresos necesarios para atender servicios municipales, un incremento en la complejidad para su gestión, tanto para los contribuyentes como para la propia administración, así como el previsible incremento de los litigios con respecto a este impuesto. El edil Juan José Martínez lamenta que "esta sea la solución, deprisa y corriendo, adoptada por el Gobierno estatal, cuando ha tenido tiempo de sobra para hacerlo y cuando existían otras fórmulas más cómodas para el contribuyente y más eficientes para la administración".
"Esta nueva regulación va a traer consigo la necesidad de efectuar valoraciones contradictorias de las estimaciones que los ciudadanos hagan en las diferencias de los precios de compra-venta. Ya solo por esto, será necesario contar con un dispositivo especial, con arquitectos técnicos, entre otro personal, que permanentemente tendrá que realizar este tipo de valoraciones, lo que supondrá un coste añadido a la gestión municipal. Por ello, desde el Ayuntamiento, defendemos unos impuestos claros sobre un hecho imponible y que no den lugar a dudas ni del administrado ni por parte de la administración que lo gestiona", manifiesta el concejal de Hacienda.
Este reconoce que la anterior regulación era injusta, pero se trataba de unos ingresos "consolidados que necesitan los ayuntamientos para poder mantener el nivel de servicios públicos que se prestan a la ciudadanía" . Critica que no exista compensación ninguna a los municipios por parte del Estado. "Pero, es que ni siquiera se prevé, algo que denunciamos desde Santa Cruz, por lo que hemos solicitado al Gobierno de Canarias que, en la medida de sus posibilidades, favorezca la financiación local para el próximo ejercicio y, de esa manera, compensar estas pérdidas de recaudación", agrega.
En este sentido, el concejal de Hacienda en Santa Cruz de Tenerife plantea la posibilidad, si no se crea un fondo específico para tal finalidad por parte del Ejecutivo canario, de que, al menos, "se retrase la obligatoriedad de devolver las liquidaciones negativas de los ingresos del REF (Régimen Económico y Fiscal) de ejercicios anteriores".
Juan José Martínez desvela a El DÍA que "hubiera sido más sencillo recargar este impuesto en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), en el capítulo de transmisiones patrimoniales, lo que era muy sencillo de realizar, con un coeficiente que fuera destinado directamente a los ayuntamientos, lo que sería fácil de gestionar y de recaudar, ya que la referencia catastral identifica a cada municipio". Sin embargo, denuncia, "se ha optado por mantener una figura con un real decreto que solo está alargando la agonía de una figura impositiva que no funciona".
