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La jueza admite a trámite una querellapor los contratos de la Casa de la Juventud

La denuncia ha sido presentada por el PSOE contra parte del gobierno santacrucero | El Juzgado investiga presuntos delitos de malversación y prevaricación administrativa

El Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite la querella presentada por el Partido Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de la capital contra parte del gobierno local, una funcionaria y una empresa, por los contratos de la Casa de la Juventud, ubicada en la Casa Siliuto, en el barrio de El Toscal. En concreto, se admite la querella por un presunto delito de malversación y prevaricación administrativa respecto a la contratación de los servicios de apertura, dinamización y cierre de la Casa de la Juventud.

Con respecto a la otra parte de la denuncia de los socialistas –entre los que se encuentran la exalcaldesa Patricia Hernández y el edil José Ángel Martín– relacionada con la contratación del mobiliario durante la rehabilitación del inmueble, la juez Eva Esther Juárez ha remitido este bloque al Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, donde ya se había abierto diligencias por este motivo contra la funcionaria.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 ha remitido un oficio al Ayuntamiento para que este proporcione al procedimiento, «a la mayor brevedad posible», los expedientes correspondientes a los contratos objeto de la querella. Contra esta resolución se podrá interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, según se indica en el auto judicial.

Los socialistas denuncian, en relación al bloque de contratos que corresponden a la querella admitida por el Juzgado de Instrucción número 2, que son los que se refieren a los servicios de apertura, dinamización y cierre de la Casa de la Juventud, que estos fueron fraccionados y adjudicados a dos empresas del mismo grupo por unos 52.700 euros. El PSOE señala que en los expedientes se han incorporado facturas de periodos en los que el inmueble estaba cerrado.

Sobre el bloque que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 1, que se refiere a la contratación del mobiliario mientras ser realizaban las obras de rehabilitación, el PSOE ha señalado que la adjudicación de los suministros se fraccionó en varios contratos menores, de menos de 15.000 euros, para evitar que se llevará a cabo un concurso público.

La querella admitida por el Juzgado número 2 va dirigida, además de contra una funcionaria y una empresa, contra parte del gobierno municipal. Entre los señalados por el Partido Socialista se encuentra el edil de Presidencia, y secretario general de CC, Alfonso Cabello. Este ha querido dejar claro que en el equipo de Gobierno de Santa Cruz (CC, PP y la edil Evelyn Alonso), «manifestando primero nuestro total respeto a las diligencias judiciales», no existe ningún tipo de preocupación con respecto a este asunto, pues los expedientes «están completos y cuentan con todos los requisitos legales».

«El PSOE, y en concreto Patricia Hernández, lleva un tiempo montando un relato, intentando enmarañar y desprestigiar la gestión de CC en el Ayuntamiento. Además, es una pena que Hernández quiera lagunizar este Consistorio, trasladando a Santa Cruz de Tenerife las malas mañas del PSOE en otros ayuntamientos, como el de La Laguna, en el que en lugar de hablarse de proyectos o de los problemas de los vecinos, solo se habla de trámites administrativos, convirtiéndose así en una aprendiz de Santiago Pérez», ha manifestado Cabello.

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