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Santa Cruz defiende ampliar la superficie de los ‘súper’ para generar inversión

Urbanismo aprobará la ordenanza provisional a pesar de un informe desfavorable del Gobierno

Un momento de la reunión celebrada entre el edil de Urbanismo y representantes de grandes superficies y supermercados.

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz defenderá la ampliación de la superficie de los supermercados en la capital, y lo hará a pesar de que el Gobierno de Canarias ha emitido un informe desfavorable a la ordenanza provisional de usos que se está tramitando para modificar el Plan General de Ordenación (PGO) vigente tras la anulación del de 2013, el cual solo permite construir 750 metros cuadrados, en lugar de los 2.500 establecidos en la Ley de Comercio. Así lo anunció ayer el edil responsable del área, Carlos Tarife (PP), en una reunión que mantuvo con representantes de Fepeco (Federación Provincial de Entidades de la Construcción) y de grandes superficies comerciales y supermercados, como Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Lidl, Hiperdino, Mercadona y Aldi. En este sentido, y según apuntó el concejal, el Consistorio está dispuesto a defender la ordenanza municipal en los tribunales si el Ejecutivo canario la recurre.

En concreto, el Ejecutivo canario, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas, ha señalado en su informe que la tramitación de la ordenanza provisional de Santa Cruz «debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, pues tiene como objetivo modificar los artículos de la normativa del vigente plan general relativos a las categorías de uso comercial y a los cambios de usos pormenorizados en suelo urbano». Por lo tanto, se indica desde el Gobierno, «está introduciendo unos criterios y condiciones de ordenación para la posterior ejecución de proyectos». Sin embargo, según la Gerencia Municipal de Urbanismo, una ordenanza provisional de este tipo no necesita evaluación ambiental, lo que, además, "retrasaría la aprobación definitiva de la misma y su entrada en vigor".

Carlos Tarife destaca a EL DÍA que el informe del Ejecutivo canario no es vinculante, por lo que la Gerencia Municipal Urbanismo «ha decidido continuar con la tramitación de la ordenanza provisional de usos para generar inversión y puestos de trabajo en la ciudad». Esta ya ha sido aprobada de manera inicial y se prevé que su aprobación definitiva, por parte del pleno, se produzca en diciembre, lo que supondría su inmediata entrada en vigor. «Contestaremos al Gobierno de Canarias, con una defensa jurídico-técnica de esta norma municipal, y llegaremos hasta donde tengamos que llegar», añade.

El concejal de Urbanismo asegura que, en la actualidad, hay entre cinco y ocho proyectos sobre la mesa para construir nuevos súper en Santa Cruz de Tenerife, «que no se realizarán en la ciudad, lo que supondría pérdida de inversión y de puestos de trabajo, si solo permitimos que construyan 750 metros cuadrados, que es lo que ocupa prácticamente un establecimiento 24 horas».

El edil de Urbanismo matiza que lo que defiende el Ayuntamiento de Santa Cruz es lo que se establece en la ley, es decir, que se permita una superficie de hasta 2.500 metros cuadrados, «tal y como ocurre en toda Canarias». Además, comenta, «si sometemos esta ordenanza a un procedimiento de evaluación ambiental, su aprobación se retrasaría, como mínimo, un año y medio, por lo que no la tendríamos hasta 2023».

Tras la anulación del Plan General de Ordenación de 2013, y hasta que se apruebe el nuevo planeamiento, el ordenamiento urbanístico del municipio se rige por la adaptación básica de 2005 del PGO de 1992, por lo que las licencias tienen que ajustarse a las reglas de hace 15 años. «Con el fin de evitar un grave retroceso económico en la ciudad, y con el fin de permitir y facilitar la inversión, la Gerencia de Urbanismo ha redactado una ordenanza provisional de usos», resalta Tarife. Esta tendrá una vigencia de dos años y permitirá, mientras se tramita el nuevo Plan General, la ampliación de la superficie para supermercados y también la apertura de hoteles-ciudad sin necesidad de que la parcela en cuestión tenga uso turístico. Con respecto a los supermercados, el planeamiento vigente (2005) tras la anulación del PGO de 2013 solo les permite contar con una superficie de hasta 750 metros cuadrados, «lo que está impidiendo que numerosas empresas inviertan en nuestra ciudad».

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