La crisis del coronavirus Covid 19 ha convertido a 5.904 familias de Santa Cruz de Tenerife en nuevos usuarios de los servicios sociales, pues se han visto obligadas a pedir, por primera vez, ayuda al Ayuntamiento. La concejala responsable del área, la nacionalista Rosario González, ha advertido que en la capital chicharrera «nos encontramos ante una pandemia social que necesita respuestas inmediatas y urgentes».
«Con respecto al final de la pandemia sanitaria estamos viendo ya algo de luz, pues están disminuyendo los contagios; sin embargo, las secuelas sociales que está dejando el Covid en la población cada día van en aumento. Además, prevemos un futuro inmediato complicado», ha apuntado la edil. Por esta razón, añade Rosario González, desde el Consistorio chicharrero «estamos articulando todas las opciones posibles, como los contratos de emergencia y el incremento del presupuesto para el IMAS (Instituto Municipal de Atención Social) en otros 2,5 millones de euros».
La edil manifiesta que el Ayuntamiento de Santa Cruz «debe dar respuestas ante estas consecuencias tan graves que está dejando el Covid, tal y como lo estamos haciendo». «Y no solo desde los Servicios Sociales», resalta, «sino también estamos combatiendo esta pandemia con acciones para el empleo, las viviendas o la rebaja fiscal, entre otras». «Desde todas las áreas de la Corporación local estamos inmersos en la recuperación social», asegura.
En lo que va de año, y según informa la concejala, en los Servicios Sociales del municipio se han creado 2.657 fichas nuevas de familias que necesitan prestaciones sociales. Si estas se suman a las fichas creadas en 2020, desde que se inició la pandemia, que fueron 3.247, «podemos concluir que hay 5.904 nuevas familias usuarias». En total, en la actualidad, el IMAS atiende a más de 21.000 familias (el 12% de la población de la capital), de las que casi 6.000 son nuevas, a las que la crisis del Covid les ha obligado a solicitar ayudas.
La mayoría de estas familias han acudido a los Servicios Sociales a pedir tarjetas de alimentos para poder comer, pues se han quedado sin recursos económicos. En concreto, de las 2.657 que han acudido por primera vez a los Servicios Sociales, 2.065 unidades familiares necesitaban comida. «En este año, se ha producido un aumento de casi el 30% en el número de nuevas unidades familiares que demandan tarjetas de alimentos», indica González.
La concejala aprovecha para apuntar que no entiende como el Partido Socialista «sigue negando la emergencia social en Santa Cruz y ha impugnado la modificación de crédito para incrementar en 2,5 millones el presupuesto del IMAS». Rosario González ha insistido en que dicha impugnación «retrasará el ingreso de esta partida presupuestaria tan necesaria, lo que nos obligará a pagar con más retraso a empresas que están prestando servicios sociales en el municipio». «Desde el IMAS se están haciendo todo el esfuerzo posible para que podamos llevar al pleno de octubre la modificación del crédito, a pesar de la impugnación del Partido Socialista», comenta la edil nacionalista.
Por otra parte, el pleno aprobó ayer, a raíz de una moción presentada por Rosario González, también secretaria ejecutiva de Acción Social de CC en Santa Cruz, instar al Gobierno canario a parar la aprobación del Catálogo de Prestaciones y Servicios Sociales de Canarias, porque «no responde a la realidad actual y no recoge las demandas y propuestas de las asociaciones del Tercer Sector».
El pleno aprueba la rebaja fiscal
El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer las modificaciones de las ordenanzas fiscales que harán posible la entrada en vigor, a partir de enero de 2022, de la nueva rebaja de impuestos anunciada por el Consistorio. Pero de todas las medidas que se pondrán en marcha, solo el incremento de la bonificación por domiciliar el pago de tributos, que pasará del 3 al 4% en 2022 y llegará hasta el 5% en 2023, fue aprobada por unanimidad. El resto, la eliminación de la tasa de la basura para las pymes (pequeñas y medianas empresas) y autónomos, y para las familias vulnerables; la reducción del 10,5% para el resto de familias; la eliminación de la tasa por exceso de carga, para el sector de la construcción; y el incremento del tipo del IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) para los grandes propietarios del municipio, no fueron apoyadas por el PSOE y Unidas Podemos, por considerarlas «insuficientes».
