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Unidas Podemos pide aumentar los presupuestos municipales participativos

Solicita que para las iniciativas ciudadanas basten las firmas del 1% de la población

El grupo municipal de Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz ha presentado alegaciones al nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, entre las que se encuentra el incremento, en al menos un 0,5%, de los presupuestos municipales participativos. Asimismo, UP solicita que para las iniciativas ciudadanas basten las firmas de un 1% de la población.

La alianza de izquierda también pide que el nuevo reglamento incorpore la perspectiva de género a los procesos participativos, para garantizar la efectiva participación de las mujeres, y que las entidades sin personalidad jurídica, como centros educativos y comunidades de propietarios, sean convocados a procesos participativos municipales y a su vez puedan promoverlos.

La portavoz adjunta, Yaiza Gorrín, afirma que con estas alegaciones «se pretende hacer más plurales, inclusivos y democráticos los procedimientos de participación ciudadana en el municipio, a los que no se les debe poner excesivas trabas, porque precisamente se trata de que la sociedad se implique en los asuntos de interés público que le atañen, ya que votar una vez cada cuatro años es claramente insuficiente y es una reivindicación de muchos colectivos dar una mayor legitimidad a las políticas públicas».

Para este grupo municipal, las propuestas que emanen de los procesos participativos «en ningún caso pueden ir en contra del desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, en coherencia con la lucha contra el cambio climático y la protección de la naturaleza, dado además que Santa Cruz de Tenerife es municipio miembro de la Red Española de Ciudades por el Clima, por lo que el reglamento debería añadir esta salvedad».

Carácter vinculante

En otra de las alegaciones presentadas, esta confluencia de izquierdas plantea que el reglamento recoja que, si bien los medios de participación ciudadana tienen carácter consultivo para las administraciones públicas, «sí puedan adquirir carácter vinculante a través de los respectivos procesos regulados por ley».

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