La Delegación del Gobierno en Canarias informó ayer, a preguntas de EL DÍA, que solo autoriza la instalación de cámaras, como las activadas por la Concejalía de Medio Ambiente para mostrar el estado de las playas chicharreras, «si es alguna Fuerza o Cuerpo de Seguridad la que lo solicita». Además, precisa que no consta a fecha de hoy una petición ni para las webcam que están operativas en las cinco zonas de baño de la capital, ni tampoco para las que están operativas en los municipios del sur de Tenerife, de similares características a las que están en vigor en Santa Cruz.
La propia concejala de Medio Ambiente de la capital, Evelyn Alonso, reconoció en la edición de ayer que su departamento no había solicitado autorización a la Subdelegación del Gobierno porque las cámaras «no son de seguridad, sino que se dedican a facilitar información climatológica y paisajística».
Después de que la propia responsable de Medio Ambiente reprochara al concejal socialista que no se preocupe de la misma forma por las cámaras que están operativas en municipios gestionados por el PSOE, la Delegación del Gobierno precisó, a preguntas de este periódico, que tampoco han solicitado permisos, al igual que sucede en Santa Cruz.
El concejal socialista Florentino Guzmán Plasencia, que fuera antecesor en el cargo que ahora ocupa Evelyn Alonso, facilitó el informe que el director de Seguridad del Ayuntamiento chicharrero solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos cuando, en la desescalada de la Covid-19, en la primavera del pasado año, este departamento realizó los trámites pertinentes para instalar cámaras en las playas que permitieran conocer a tiempo real el estado de ocupación. La consulta «plantea si la instalación de una webcam que permita tener una visión panorámica del término municipal queda sometida al reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos».
En el documento se hace constar que «resulta contrario a la normativa de protección de datos, salvo la excepción citada, la captación y difusión de imágenes de la vía pública en las que pueda identificarse a las personas. La captación y difusión de imágenes de este tipo a través de Internet excedería con mucho el ámbito privado o doméstico por lo que se produciría una vulneración del principio de legitimación del artículo 6 del RGPD».
En otro apartado del informe que emitió la Agencia Española de Protección de Datos en respuesta a la consulta realizada desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la etapa del socialista Florentino Guzmán Plasencia al frente de Seguridad y Medio Ambiente se explica que «es preciso destacar que la implantación de un sistema de videovigilancia en lugares públicos, se rige por la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en lugares públicos, siendo ellos en principio los únicos competentes para instalar las cámaras en lugares públicos».
De esta forma, el edil socialista acredita que la tramitación para la instalación de cámaras en las playas fue una iniciativa del equipo de gobierno de Patricia Hernández y reitera su preocupación porque, en su opinión y con la interpretación que realiza tras la respuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, «se vulnera el derecho a la intimidad», además de reiterar que no puede exponerse las imágenes en público y solo son de uso para las Fuerzas de Seguridad.
