El edil socialista Florentino Guzmán Plasencia, concejal de Seguridad Ciudadana durante la etapa de la alcaldesa Patricia Hernández, sostiene que «la puesta en marcha de las cámaras que controlan el estado de las playas de Santa Cruz vulnera el derecho a la intimidad de los usuarios», a la vez que precisa que este dispositivo «tiene que estar vinculado al control y seguridad. En caso contrario, es denunciable».
El concejal socialista incide en que las imágenes de las cinco cámaras que todos los usuarios pueden consultar en la web municipal desde ayer «nunca pueden ser de acceso libre», precisa.
El que fuera responsable de Seguridad Ciudadana echa mano de normativa para argumentar su criterio y asegura que «las cámaras de videovigilancia se colocan en distintos lugares con el fin de prevenir delitos o reunir pruebas para perseguir a quienes los cometan. Esta práctica plantea la disyuntiva entre una suerte de seguridad preventiva y una cesión de la intimidad de los usuarios, a quienes se puede captar en momentos privados».
Bajo esa máxima, Florentino Guzmán Plasencia precisa que «solo las Fuerzas de Seguridad pueden instalar las cámaras de seguridad en la vía pública. La Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto les reserva esta atribución. Por otro lado, las cámaras que se sitúan en las carreteras dependen de las autoridades que gestionan el tráfico, como la DGT y es obligatorio señalizar su situación».
Después de advertir que las personas que se ven a través de las imágenes de algunas cámaras son reconocibles, también advierte que en algunos casos, como en el particular de Roque de las Bodegas, emite imágenes de viviendas privadas.
«Las empresas u organismos que instalen un sistema de videovigilancia deben notificárselo a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y tendrán que contratar a una empresa de seguridad privada acreditada, según la Ley de Seguridad Privada». Además, apunta que «se debe designar quién será el responsable del visionado de las imágenes y qué personas están autorizadas a contemplar las mismas».
«Por otro lado, se debe señalar de forma clara la zona donde se registra la videovigilancia», añade el concejal socialista, quien recuerda la opinión de expertos sobre la puesta en marcha de cámaras y cómo invaden el derecho a la intimidad.
Otros expertos, que prefieren mantener el anonimato, advierten de las graves consecuencias que podría tener si algún tutor decide denunciar a la administración porque aparecen menores cambiándose en la playa.
«Ya nos quieren hasta grabar»
Kiara de la Rosa, vecina de San Andrés, se lamenta porque «ya nos quieren hasta grabar» –extremo que niega la Concejalía de Medio Ambiente, que precisa que se emiten imágenes a tiempo real sin almacenarlas–. «Lo de cumplir la protección de datos ya si eso, otro día… Las personas de la arena no se identifican, pero quien pasa por debajo de la cámara es fácilmente identificable. En la cámara que colocaron en San Andrés, justo en la avenida y es una auténtica vergüenza. Se saltan los derechos a la torera, a ver qué pasaría si cualquier ciudadano pone una cámara enfocando a la vía pública, que está igual de mal que lo que se ha hecho con la playa», dice la vecina.
